El Consejo de Gobierno ha acordado prorrogar el acuerdo marco para la prestación de servicios residenciales, a los que destina este año cerca de 99 millones de euros para ofrecer una asistencia de calidad a 90.00 personas mayores o grandes dependientes.

La consejera de Igualdad y portavoz del Ejecutivo castellano-manchego, Blanca Fernández, en su habitual rueda de prensa de los miércoles para informar de los acuerdos del Consejo de Gobierno, ha explicado que se concertarán 5.261 plazas residenciales, 418 plazas de estancias diurnas y 83.589 estancias temporales para atender a personas mayores que, después de salir del hospital, no están en condiciones de ser autónomas en su domicilio.

La prórroga del Acuerdo Marco incluye la firma de 298 contratos con 265 entidades, lo que supone la consolidación de más de 3.000 puestos de trabajo, tanto en entornos urbanos como rurales, lo que contribuye a fijar población en los pueblos.

Esta prórroga comprende del 1 de julio de 2021 al 30 de junio de 2022 ya que, después de la aprobación la semana pasada del Decreto del Concierto Social, que emana de la Ley del Tercer Sector Social, en los próximos meses se irán desarrollando las diferentes órdenes para la prestación de los servicios sociales y del sistema de la dependencia en la región con lo que se dará más estabilidad y seguridad a las entidades del tercer sector social.

La primera de ellas será, precisamente, la orden para la prestación de servicios residenciales, estancias diurnas y otros servicios para personas mayores, lo que significa que, una vez publicada, todos estos servicios se continuarán prestando al amparo de la nueva orden.

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a una partida de casi 14 millones de euros para financiar ocho convenios con los que se gestionan y mantienen hogares y centros destinados a niños y adolescentes bajo medidas de protección o judiciales.

Los convenios son para 394 plazas en 48 hogares y centros atendidos por 380 profesionales.

Fernández ha explicado que se trata de menores sobre quienes ha sido necesario asumir la medida de tutela o guarda para proteger su desarrollo personal, emocional y social, “evitando que sigan sufriendo abandono, maltrato o abusos de todo tipo, intentando garantizar sus derechos, su desarrollo y su bienestar y por tanto garantizar no solo su presente sino también su futuro".

Como novedad, este acuerdo implicará un aumento salarial y la incorporación de 17 profesionales más, 16 del ámbito de la Educación Social y uno de la Psicología.

A estos ocho convenios, se suman otros siete por 2,3 millones de euros que suman un total de 12 hogares y 80 plazas.