El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, ha avanzado que esta entidad estudiará la posibilidad de solicitar 5.000 millones de euros no reembolsables al Gobierno para que los ayuntamientos puedan afrontar gastos derivados de la crisis sanitaria.

En una rueda de prensa celebrada de modo telemático, ha explicado que ha trasladado a la junta de portavoces de la FEMP un documento que contempla esta medida con el objetivo de que se analice en la junta de gobierno que se celebrará este viernes. Así, se plantea solicitar 3.000 millones de euros para este año y 2.000 millones de euros para 2021 al Ejecutivo que preside Pedro Sánchez.

Además, el presidente de la FEMP ha explicado que se propone demandar que se permita la utilización del superávit y los remanentes municipales, además de flexibilidad en el equilibrio prespuestario, el techo de gasto y el pago a proveedores.

Del mismo modo, Abel Caballero ha precisado que el documento, que deberá debatirse y aprobarse en la FEMP antes de ser trasladado al Gobierno, plantea que se articule un fondo de 1.725 millones de euros para afrontar el descenso de la recaudación del transporte público provocado por la situación actual. A ese respecto, ha precisado que ese presupuesto incluye fondos para transporte de superficie, autobuses y tranvías, y metro.

Adicionalmente, ha indicado que el informe aboga por la participación proporcional en fondos y recursos europeos de los municipios, así como que reclama una dotación procedente de los gobiernos autonómicos similar al fondo propuesto para el Ejecutivo central.

El Gobierno abre la puerta a utilizar el superávit

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este miércoles que está estudiando con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), usar su superávit para poner en marcha ayudas a la conciliación de las familias españoles durante la desescalada.

Estas declaraciones se han producido durante la intervención de Sánchez en el Pleno del Congreso, en donde se ha debatido el decreto para la ampliación del estado de alarma, y después de las críticas del portavoz parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), Gabriel Rufián, que ha acusado al Ejecutivo de negarle medidas sobre esta materia.

El diputado independentista ha reprochado a Sánchez que hubiera "dicho que no" a su petición de crear "una prestación remunerada para la conciliación de las familias, especialmente para las monoparentales y, aún más especialmente, para las monomarentales". El objetivo de esta propuesta, ha indicado Rufián, es que los padres "no tengan que elegir entre sus hijos y su trabajo" o "entre el contagio y el abandono". "¿Sabe la ansiedad que están sufriendo hoy centenares de miles de personas que no saben donde dejar a sus hijos?, se ha preguntado.

En este sentido, ha rechazado que el Gobierno no ponga en marcha iniciativas como esta, "la misma semana" en la que se gasta "2.100 millones de euros para tanques".

Ante estas acusaciones, el presidente del Gobierno ha señalado que "la verdad" es que estuvo negociando esta medida con el propio diputado "hasta la madrugada" y que en la actualidad está hablando con la FEMP para estudiar si se puede "usar parte de su superavit en políticas de conciliación".

Sánchez también ha explicado a Rufián que en la planificación de la desescalada de ha acordado con las comunidades autónomas un reconocimiento sobre su capacidad para abrir las escuelas infantiles o centros educativos en este periodo, aunque no sea "su objetivo por naturaleza", para, "al menos, compensar las necesidades de conciliación que tienen las familias españoles como consecuencia de la reactivación".

En la última la Conferencia Sectorial de Educación, entre el Ministerio y las CC.AA, en la que se trató este tema, los ejecutivos autonómicos se mostraron contrarios a reabrir los colegios de cero a seis años, que el Ejecutivo pretendía llevar a cabo en la fase 2 de la desescalada.