La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha visto retrasada de manera imprevista la resolución final de la multa de 86 millones a Mediaset y Atresmedia por vulneración de la Ley de Competencia, pese a que el pasado 7 de junio comunicó su Propuesta de Resolución (PR) a las propias televisiones y que semanas después recibiera el plácet de la Unión Europea para sacar adelante su fallo.
Las fuentes consultadas por este diario indican que es probable que todo se desbloquee esta semana, pero que es una realidad que todo el proceso se ha frenado pese a que hace unas semanas se creía que su comunicación era "inminente". Semanas en las que los miembros del máximo organismo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) han realizado largos debates sin llegar a puntos en común.
Estas mismas fuentes indican que el proceso para la votación del expediente se ha frenado en las últimas semanas por las divergencias de algunos miembros del consejo respecto a las condiciones que finalmente se le impondrían a los dos grupos de televisión y por la intención del presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, de buscar unanimidad en la sentencia final.
Este último punto es clave, ya que al menos dos consejeros han amenazado con realizar un voto particular si no hay acuerdo en las condiciones impuestas, algo que no quiere Marín Quemada, ya que un expediente con un voto particular abriría desde su publicación una brecha en la justificación legal de la multa y daría alas a las cadenas que han confirmado que recurrirán "hasta las últimas consecuencias".
No se ha probado la colusión
De hecho, como ha publicado El Independiente, la vicepresidenta del organismo, María Fernández, ha planteado la posibilidad de expresar sus discrepancias con el expediente como voto particular dentro del informe que deberá realizar el departamento de Supervisión Regulatoria. Un voto que no ejercería si finalmente se cambian algunas condiciones.
Según ha podido confirmar este periódico, el objetivo del regulador es poner freno a la pauta única de las televisiones investigadas. También restringir los acuerdos y las extraprimas con las centrales de medios y limitar los descuentos aplicados a estas centrales por compra de mayor volumen de publicidad, así como la inclusión en las planificaciones de las cadenas pequeñas de estos grupos de televisión.
Pero hay matices respecto de cómo cumplir estos objetivos. Fuentes del sector -y algunos miembros de la CNMC- dudan de que incluso limitando todas estas prácticas las pequeñas cadenas de televisión logren aumentar sus ingresos por publicidad, ya que antes de que existiese la concentración de canales y con RTVE, existía una distribución similar del mercado publicitario.
Como ya ha publicado este periódico, la CNMC no ha logrado probar su tesis principal en este expediente, la de la colusión entre Atresmedia y Mediaset para pactar estrategias publicitarias. Esto ha llevado al regulador a consolidar un fallo en base a tres prácticas prohibidas por las leyes de Competencia: la existencia de una pauta única, el pago de extraprimas y la imposición de cuotas publicitarias a los anunciantes.
Delimitación del mercado
En el primer punto, las fuentes consultadas indican que la pauta única dejó de ser usada por Atresmedia nada más comenzar este proceso hace más de 18 meses y Mediaset ya solo la utiliza de forma secundaria. Nos referimos a los anuncios que se emiten al mismo tiempo en todos los canales en grupo y que se venden a las marcas en un paquete conjunto obligándoles a comprar espacios en los canales secundarios sin necesitarlos.
Otra de las claves que no termina de estar clara es la delimitación del mercado. En el expediente, la CNMC indica que Mediaset y Atresmedia funcionan en un mercado de televisión en abierto absolutamente impermeable, algo que no tiene mucho sentido en una realidad en la que las cadenas compiten por los anunciantes con los gigantes digitales como Google o Facebook, los diarios digitales o las propias cadenas de pago.
Finalmente, se cuestiona que la CNMC vaya ahora aprobar una resolución para poner fin a las extraprimas, la pauta única y a la imposición de cuotas publicitarias a los canales, unos compromisos que hace seis meses ofrecieron las cadenas como parte de un procedimiento de terminación convencional que el propio regulador rechazó tajantemente. Es decir, ahora deberán realizar casi las mismas acciones que no fueron consideradas suficientes en este momento.
Flexibilizar condiciones
¿Qué significa esto? Las fuentes consultadas indican que todas estas dudas dan argumentos a las cadenas para plantear una larga batalla judicial. Desde los dos grupos han dicho insistentemente que lucharán e impugnarán hasta el último recurso la multa, incluyendo la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, dos instancias que tienen una media de resolución de entre dos y tres años cada una.
¿Qué pasará finalmente? Las fuentes consultadas indican que probablemente esta semana se logre acuerdo y que Marín Quemada consiga la ansiada unanimidad, aunque a cambio deba flexibilizar algunas de las condiciones impuestas a las televisiones.
Dentro de todo este debate nunca ha estado en cuestión el montante de la multa, sino cómo -y con qué mecanismos- se quiere garantizar que estas cadenas no sigan vulnerando la Ley de Competencia. Y el hecho que éstas se pongan en cuestión y de que algunos consejeros no teman reconocer en privado que no están de acuerdo con algunos puntos, es una arma que las cadenas utilizarán para esta larga batalla legal que se espera de al menos cinco años de duración.