La Iglesia católica española tiene a Trece TV como uno de sus principales gastos, según se desprende de sus dos últimas memorias anuales publicadas, correspondientes a 2016 y 2017. Como ya ha publicado este periódico, en estos dos años, la Conferencia Episcopal destinó 20 millones de euros a su cadena de televisión, de un un total de 532 millones que recibió en concepto de ingresos por la asignación tributaria de la casilla de la Renta.
Estos 20 millones se destinaron a la “aportación de fondos propios de Trece TV”, según consta en estas memorias. La cifra fue utilizada para rescatar a la cadena de televisión de la insolvencia. Unos recursos que, sin embargo, no son incluidos como gastos directos en ninguna partida de costes, sino que se recogen del superávit generado en las cuentas de la entidad.
De esta manera, en 2016 la Conferencia Episcopal registró un superávit de 19,3 millones de euros, de los cuales, nueve millones se destinaron a fondos propios de Trece. En 2017, el beneficio fue de 15,9 millones y 11 de ellos llegaron a la cadena de la que los obispos son los socios mayoritarios con el 80% de las acciones.
El resto del superávit de las cuentas de los obispos -10,3 millones en 2016 y 4,9 millones en 2017- se destinó a “incrementar el fondo de reserva disponible”, por lo que más de la mitad de todo el dinero que registran como excedente las cuentas de la Conferencia Episcopal (el 56%) se destinó a Trece TV.
El tercer gasto más elevado para la Iglesia
Estamos hablando del dinero que ‘sobra’ después de que la Conferencia Episcopal haya cubierto todos sus costes, un beneficio que en vez de ser destinado a realizar más obras sociales o a financiar la labor pastoral de la Iglesia, se aporta a un canal de televisión altamente insolvente que ha generado 91 millones de euros en pérdidas desde su fundación.
El superávit de las cuentas de los obispos que se destinó a Trece TV -cuyos ingresos son casi exclusivos de la casilla de la Renta que pagan todos los españoles voluntariamente- lo convierte en el tercer gasto más relevante para la Iglesia española. De acuerdo a sus propias cuentas, el dinero que recibe la cadena de televisión (20 millones entre 2016 y 2017) está solo por debajo de lo destinado a las diócesis para su sostenimiento (403 millones) y de la Seguridad Social del clero (33,9 millones).
Del mismo modo, el coste de Trece para la Conferencia Episcopal está por encima de otras once partidas. Representa casi el doble de la aportación extraordinaria a Cáritas (12,4 millones), de lo destinado a Centros de Formación (11,2 millones) y de la campaña de comunicación y financiación de la Iglesia (9,7 millones). También está por encima de los proyectos de ayuda y rehabilitación de los templos (7,3 millones), actividades pastorales nacionales (4,9 millones) y retribución de los obispos (4,3 millones).
Como ya publicó EL ESPAÑOL, estos 20 millones sacados de la declaración de la Renta se utilizaron para equilibrar el patrimonio neto negativo de 17,4 millones de euros con el que la Trece S.A. cerró en 2017. Una situación que pudo ser resuelta gracias a la línea de crédito participativo de su accionista mayoritario (la Conferencia Episcopal) con un límite de 20 millones y que fue ejecutado íntegramente a finales de ese año.
Desequilibrio patrimonial
Es decir, Trece salvó su situación de desequilibrio patrimonial gracias a estos 20 millones recaudados por la casilla de la Renta. De no haberse ejecutado este salvavidas, la televisión hubiese entrado en riesgo de insolvencia con un futuro horizonte de cese de pagos.
Ante estas operaciones, cabe preguntarse si efectivamente es lícito financiar una televisión privada con el dinero que los españoles aportan anualmente a la Iglesia a través del IRPF. Una interrogante a la que aporta algo de luz una sentencia europea que avaló la denegación a una congregación de la exención del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).
El Ayuntamiento de Getafe desestimó esta exención a la Congregación de las Escuelas Pías Provincia Betania por entender que estas obras del colegio La Inmaculada tenían como destino una actividad empresarial privada y no relacionada con el culto ni la expresión religiosa. Una sentencia del Juzgado número 4 de los Contencioso Administrativo de Madrid basada en la sentencia del la Gran Sala del Tribunal Europeo de Justicia (TJUE) dijo que la exención del ICIO en este caso sería una ayuda de Estado no compatible con el mercado único.
Carácter comercial de Trece TV
La sentencia indica que para que una subvención sea considerada de Estado es necesario, por una parte, que sea otorgada directa o indirectamente mediante fondos estatales, por lo que la exención del ICIO supone una minoración de los ingresos del Ayuntamiento, con lo cual serían “fondos estatales”. Del mismo modo, agregan que la Iglesia puede hacer actividades económicas y no económicas, pero debe llevar contabilidad separada para evitar subvenciones cruzadas”.
Finalmente, el fallo concluye que “una exención fiscal de la cual se beneficia una congregación de la Iglesia Católica por las obras realizadas en un inmueble destinado al ejercicio de actividades sin una finalidad estrictamente religiosa, puede estar comprendida en el ámbito de la prohibición establecida en el artículo 107 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), apartado 1, si tales actividades son de carácter económico y en la medida en que lo sean, extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente”.
Una sentencia que sienta un precedente que encaja perfectamente en las prácticas de los obispos financiando Trece y que podrían ser contrarias a la normativa de la Unión Europea. Trece se reconoce públicamente como “un canal privado, comercial, generalista, con una programación plural y con contenidos aptos para toda la familia” y se financia íntegramente con publicidad. Claramente está realizando una actividad económica que nada tiene que ver con la Iglesia ni con su operativa diaria.