José María Marín Quemada, presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)

José María Marín Quemada, presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)

Medios TELEVISIÓN

Mediaset podría retrasar el macroexpediente de Competencia escudándose en su fusión con Italia

El expediente que sancionaría al duopolio con 100 millones de euros debería ver la luz en las próximas semanas.

El anuncio de la fusión de Mediaset España y Mediaset Italia en una nueva sociedad denominada Mediaforeurope puede tener insospechadas consecuencias en el expediente que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) abrió en febrero del año pasado a Mediaset -y Atresmedia- por colusión publicitaria y que en las próximas semanas debería conocerse su fallo definitivo. 

Las fuentes jurídicas consultadas por EL ESPAÑOL indican que este cambio societario, que en España se traducirá en la segregación de la actual Mediaset España Comunicación S.A., su posterior cierre y luego la creación de una sociedad beneficiaria denominada Grupo Audiovisual Mediaset España Comunicación, podría generar un trastorno en la finalización del expediente y en la notificación de una eventual multa.

En febrero del año pasado, la CNMC abrió el expediente a Mediaset España Comunicación, una sociedad que si se retrasan demasiado los plazos, podría no existir cuando se comunique la resolución del expediente. Estas mismas fuentes indican a este periódico que la nueva sociedad debería asumir los activos incluyendo las licencias de televisión.

De esta manera, Grupo Audiovisual Mediaset España debería hacerse cargo de eventuales multas, incluso si se produjesen después de un cambio societario. No obstante, según ha podido saber este diario, Mediaset tiene la posibilidad de pedir el retraso del expediente argumentando, precisamente, el cambio de sociedad y la necesidad de más tiempo para adaptar su estructura a la nueva filial.

Todo es cuestión de tiempos

Una potestad que está en manos de Competencia. La CNMC debería autorizar este aplazamiento, algo que no parece demasiado factible si consideramos el historial del regulador ante este expediente. El organismo que preside José María Marín Quemada fue el que abrió el expediente de oficio, luego rechazó el procedimiento de terminación convencional (acuerdo sin multa) y propuso al consejo una multa de 100 millones para los dos operadores.  

¿Plazos? La propuesta de fusión de Mediaset debería aprobarse en sus respectivos  consejos de administración el 4 de septiembre, pero la segregación de la actual Mediaset y la creación (y traspasado de activos) hacia la nueva Grupo Audiovisual Mediaset España Comunicación deberá estar completada unos meses antes.

En el caso del expediente, el consejo de la CNMC tiene en sus manos la propuesta de sanción de unos 100 millones de euros (50 millones para cada cadena), y se espera que falle en las próximas semanas. Algunas fuentes creen que antes del verano podrían producirse novedades, aunque desde el regulador remiten a los plazos legales que se alargaron tras la presentación de la terminación convencional por parte de Atresmedia y Mediaset. 

Larga batalla legal

Originalmente, el expediente abierto en febrero del año pasado tenía 18 meses para fallar, es decir hasta agosto de este año. No obstante, la negociación del procedimiento de terminación convencional que duró aproximadamente unos dos meses paralizó el contador. Esto significa que el consejo tiene dos meses extra para fallar, es decir hasta octubre.

De esta manera, Mediaset tendría unas semanas para pedir más tiempo para resolver su fusión e integración, aunque estas mismas fuentes reconocen que el regulador no tendría argumentos para concederles este aplazamiento, precisamente porque se asume que la nueva sociedad heredará todas las responsabilidades -incluidas las multas- de la compañía segregada.

Después de la resolución se viene una dura batalla legal. Tanto Mediaset y Atresmedia reconocen públicamente que no incumplen ninguna normativa con sus prácticas y que llegarán hasta las últimas consecuencias legales, lo que esto supone ir a la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, con un tiempo de resolución de entre los dos y tres años en cada una de las instancias.

Un proceso que se podría enmarañar aún más si cabe, si la sociedad a la que se le abrió el expediente ya no existiese al momento de conocerse la multa y la sanción.