Si se lleva a la práctica la subida hasta 1.000 euros al mes en 2020 y hasta 1.200 euros al final de la legislatura que se plantean Pedro Sánchez y Podemos en el programa de su Gobierno de coalición, España se acercará al grupo de los países de la UE con un salario mínimo más alto. A fecha del 1 de julio de 2019, un total de 22 de los 28 Estados miembros cuentan con salarios mínimos nacionales. Sólo Dinamarca, Italia, Chipre, Austria, Finlandia y Suecia carecen de este instrumento, según los datos más recientes de la oficina estadística Eurostat.
Las diferencias entre los salarios mínimos de los países de la UE son brutales: su importe oscila entre los 286 euros al mes en Bulgaria y los 2.071 euros en Luxemburgo. Es decir, el salario mínimo de Luxemburgo es más de siete veces superior que el de Bulgaria. En España, el salario mínimo está ahora en 900 euros al mes en 14 pagas. Si se expresa en 12 pagas anuales, que es como hace Eurostat para poder comparar, la cifra se sitúa en 1.050 euros al mes.
Basándose en el nivel del salario mínimo, Eurostat clasifica a los Estados miembros en tres grupos. En el primer grupo figuran 10 países con un salario mínimo inferior a los 600 euros al mes, todos ellos en el este de la UE. Se trata de Bulgaria, Letonia, Rumanía, Hungría, Croacia, República Checa, Eslovaquia, Polonia, Estonia y Lituania.
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En otros cinco países, ubicados en el sur de la UE, el salario mínimo oscila entre 650 y 1.000 euros al mes: Grecia, Portugal, Malta, Eslovenia y España. En los otros siete Estados miembros, todos ellos en el oeste y norte de la UE, el salario mínimo supera los 1.450 euros al mes: Reino Unido, Francia, Alemania, Bélgica, Holanda, Irlanda y Luxemburgo.
En comparación, el salario mínimo federal en Estados Unidos asciende a 1.098 euros al mes.
No obstante, las disparidades entre los salarios mínimos entre los Estados miembros de la UE son considerablemente menores si se eliminan las diferencias en el nivel de precios. El salario mínimo en los países con precios bajos se vuelve más alto cuando se calcula en estándar de poder adquisitivo (PPS, por sus siglas en inglés) y ocurre lo contrario en los Estados con precios más altos.
En concreto, eliminando las diferencias de precios los salarios mínimos oscilan entre 557 unidades al mes en estándar de poder adquisitivo en Bulgaria y las 1.646 unidades en Luxemburgo, lo que significa que el salario mínimo más alto es casi tres veces superior al más bajo. Utilizando esta medida, España está ya en el grupo de los Estados miembros con salario mínimo más alto (por encima de 1.000 unidades), junto con Eslovenia, Irlanda, Reino Unido, Francia, Bélgica, Holanda y Alemania.
Bruselas no lo tiene claro
¿Cuál será la reacción en Bruselas a una nueva subida del salario mínimo en España? La Comisión Europea ya acogió con escepticismo el aumento del 22% pactado el año pasado por el PSOE y Podemos: considera que tendrá un "efecto negativo" en el crecimiento del empleo, que afecta a los colectivos más vulnerables, como jóvenes y mujeres.
En concreto, el Ejecutivo comunitario pronosticó en noviembre pasado que el aumento del salario mínimo se traduciría en la destrucción de entre 70.000 y 80.000 puestos de trabajo en dos años. Desde entonces ya no ha vuelto a utilizar esa cifra, pero anuncia que en febrero de 2020 realizará un análisis de impacto coincidiendo con el diagnóstico anual sobre el estado de la economía española.
En todo caso, la recién estrenada presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, se ha marcado como objetivo prioritario de su mandato extender el salario mínimo a aquellos países que aún no lo tienen. "En los primeros 100 días de mi mandato, propondré un instrumento legal para garantizar que todos los trabajadores en nuestra Unión tengan un salario mínimo justo. Eso debería permitir una vida digna independientemente de dónde trabajen", ha dicho Von der Leyen.
Ahora está por ver cómo asumen ese impacto los empresarios. En el caso de España, las patronales entienden la necesidad de elevar el salario mínimo aunque recuerdan que debe ejecutarse de forma paulatina para no sobrecargar los costes sociales a los que deben hacer frente.
Hablan los empresarios
John de Zulueta, presidente del Círculo de Empresarios, destacaba hace unas semanas que “la subida del SMI va a crear economía sumergida, más paro y a los jóvenes les dará menos oportunidades laborales”.
La subida salarial que proponen PSOE y Podemos supone un incremento del 11% respecto al salario de 900 euros actual. Un aumento que se suma al del 22% aplicado por el Gobierno de Pedro Sánchez a principios de 2019. Un alza que se ha dejado sentir ya en algunos sectores como la agricultura y el trabajo doméstico, que han visto cómo buena parte de esos empleos se han ido a la economía sumergida.
¿El motivo? El aumento de cargas sociales. Si se observa cómo ha evolucionado el crecimiento de los costes laborales de 2018 a 2019 (1,2 puntos), un punto es el incremento de los salarios y 0,2 puntos es el crecimiento de los costes sociales.