El Gobierno en funciones ha esperado a que pasara la campaña electoral para informar a los españoles de que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social cerrará el año en mínimos después de que se tengan que sacar cerca de 3.600 millones de euros para pagar la extra de Navidad de 2019.

El anuncio se hizo este viernes, el mismo día en el que el Banco de España publicó los últimos datos de deuda pública en los que se incluyen los de la Seguridad Social. Según sus series, desde que Pedro Sánchez llegó a Moncloa en junio de 2018, la deuda del sistema se ha incrementado en 17.557 millones de euros. 

Tras este repunte, en septiembre, la deuda de la Seguridad Social cerró en máximos de 52.445 millones de euros, frente a los 34.888 millones de euros en los que se encontraba en junio de 2018, cuando triunfó la moción de censura impulsada por el PSOE. Tras esa subida se encuentran los préstamos del Tesoro Público a los que se está recurriendo para sostener un sistema en el que cada vez hay más pensionistas.

La subida es imparable si se tiene en cuenta que en 2014, la deuda del sistema cerró en 17.188 millones de euros.

Lo más preocupante de esta tendencia es que se ha alcanzado esa cifra de endeudamiento en un momento en el que la afiliación a la Seguridad Social está en máximos. En concreto cerró octubre con 19,43 millones de personas. Los bajos salarios y los contratos a tiempo parcial impiden al sistema cuadrar las cuentas en un país en el que todavía hay 3,17 millones de desocupados, según los últimos datos del Ministerio de Trabajo.

El Gobierno en funciones trató de calmar los ánimos al enviar una nota de prensa en la que se afirmaba que la extra de las pensiones se financiará con el incremento de los ingresos por cotizaciones. Argumentaba esto afirmando que transferirá 600 millones de euros del Estado a la Seguridad Social "para su equilibrio presupuestario", algo que habría sido posible por "el crecimiento económico" que ha aminorado los intereses de deuda.

Sin embargo, a renglón seguido, el Ejecutivo en funciones anunció que  sacará del Fondo de Reserva de la Seguridad Social 3.589 millones de euros para abonar la extra de Navidad de este año.

La medida se toma después de que el Ejecutivo haya recurrido a un préstamo este año del Tesoro de cerca de 14.000 millones de euros para financiar las pensiones. Es cierto que la idea de recurrir a préstamos para ello no es original del PSOE sino que fue introducida por el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para evitar dejar a cero el Fondo de Reserva.

La intención inicial de los socialistas era recurrir a un préstamo de cerca de 16.000 millones, pero al haber tenido que prorrogar las cuentas del 2018, la cantidad transferida tuvo que ser muy inferior. 

Pese a ese intento, el fondo -que se conoce popularmente como la 'hucha de pensiones'- se va a quedar en mínimos este año con unos 1.445 millones de euros. Todo ello, en un año en el que se ha aprobado una subida de las pensiones superior al IPC previsto para cierre del ejercicio, con un gasto de 1.619 millones de euros.

Ahora está por ver cuál es el futuro de una 'hucha' que está prácticamente agotada y que necesita con urgencia la aprobación de unas nuevas cuentas que permitan transferir a la Seguridad Social el dinero suficiente para hacer frente a los pagos de las pensiones mensuales y sus dos pagas extra.

Se trata de un fondo que se creó para hacer frente a los momentos de crisis del sistema, y para que hubiera un colchón cuando llegara la generación del baby boom a partir del 2025. Estimaciones del BBVA Research señalan que la Seguridad Social tendrá que soportar los pagos a 15 millones de pensiones en 2050 frente a los 9,7 millones que hay actualmente. 

El 2025 es la fecha clave y la ministra Valerio lo sabe. Durante el Consejo de Ministros dejó claro que se necesita urgentemente "un plan a cinco años para reorientar el transatlántico" y devolver el sistema a la senda de la sostenibilidad.

La hoja de ruta a la que apuntaba la Ministra de Trabajo pasaba por la implantación de un sistema impositivo que pague las pensiones: bien un impuesto directo para este asunto, o como en Alemania en donde se complementan las cotizaciones con la imposición general. 

Las pensiones tendrán que ser un asunto clave en las negociaciones entre Partido Socialista y Podemos, formaciones ambas que abogan por blindar la revalorización de la paga pública conforme al IPC vía Constitución. También en la necesidad de incrementar de aumentar el poder adquisitivo de las pensiones mínimas y las no contributivas.

Desde la formación morada confían en subir las primeras a los 750 euros, y abogan por quitar el tope de las cotizaciones para que los salarios más altos paguen por el total y no por el máximo fijado por la Ley. 

Sea como sea, el Ejecutivo tendrá que someter esa reforma a la negociación con los distintos partidos políticos en el marco del Pacto de Toledo cuyas negociaciones deberían reanudarse con la puesta en marcha del nuevo Congreso de los Diputados.