El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en una reunión con pensionistas.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en una reunión con pensionistas. EFE

Macroeconomía El problema actuarial del sistema

El desequilibrio de las pensiones: cada euro cotizado genera un derecho a cobrar 1,4 euros

BBVA Research recomienda adoptar un sistema de cuentas nocionales que ajuste la pensión del futuro a lo cotizado.

Javier G. Jorrín

El desafío de las pensiones se reduce, en última instancia, a un reparto generacional del esfuerzo [renta]. En otras palabras, quién paga el déficit, los trabajadores o los pensionistas. Para BBVA Research una parte del problema está en el desequilibrio actuarial del sistema. ¿Qué significa esto? Que los trabajadores consiguen un derecho de cobro de prestación superior a lo que están cotizando, lo que significa que cuando se jubilen cobrarán más de lo que han aportado en su etapa de trabajadores.

Antes de la reforma del sistema de pensiones de 2011, cada euro de cotización generaba un derecho de cobro de 1,44 euros, esto es, un 44% más de lo aportado (cantidades en valor presente). Tras la reforma del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, esta proporción irá cayendo hasta situarse definitivamente en 1,28 euros de pensión por cada euro aportado en 2027. Esto será así cuando termine de ampliarse la edad de jubilación hasta los 67 años.

A pesar de este avance, el sistema mantendrá este desequilibrio actuarial, lo que obliga a un esfuerzo mayor a las generaciones futuras para mantener las pensiones. La reforma de 2013 del Gobierno de Mariano Rajoy introdujo el Factor de Sostenibilidad, que ajusta la pensión a la esperanza de vida al jubilarse de los trabajadores. Con esta medida se evita que el desfase se incremente, pero no reduce la proporción de 1,28 euros de derechos de cobro por cada euro aportado.

Para Rafael Doménech, economista jefe de Economías Desarrolladas de BBVA Research, “antes de la crisis este desequilibrio se podía financiar con un crecimiento del empleo superior al del número de pensiones (esquema de Ponzi)”, pero cuando deja de producirse, obliga a un mayor esfuerzo a los contribuyentes para mantener el pago de las pensiones.

Las cuentas nocionales aseguran el equilibrio actuarial reduciendo la tasa de beneficio de los pensionistas futuros

Para solucionar este problema y que cada euro cotizado genere un derecho de un euro de pensión, Doménech recomienda avanzar hacia un sistema de cuentas nocionales de contribución definida. Este sistema permite al trabajador conocer cuál es la contribución que ha realizado durante su vida laboral y, a raíz de ella, la Seguridad Social puede realizar una proyección de la pensión que va a cobrar, teniendo en cuenta también los ingresos del sistema.

Las cuentas nocionales

Doménech mostró estos datos en su intervención de esta semana en la Comisión del Pacto de Toledo. Allí explicó a los diputados que “las cuentas nocionales aseguran el equilibrio actuarial reduciendo la tasa de beneficio de los pensionistas futuros”. En otras palabras, permite reducir el cálculo de la pensión inicial que cobra un trabajador cuando se jubila para ajustar todo lo que se prevé que va a cobrar a sus aportaciones a la Seguridad Social.

Esta medida supone reducir la cuantía de las nuevas pensiones, a menos que se produzca un importante incremento de la productividad [salarios] que no está previsto actualmente. Sin embargo, es una fórmula para repartir el déficit del sistema entre las generaciones de trabajadores y las de jubilados. Para Doménech la adaptación a este sistema tiene que ser progresiva, para que los trabajadores actuales puedan planificar con tiempo su retiro. En Suecia se introdujo un modelo similar con un periodo de 15 años para incorporarlo plenamente.

Apenas se sabe que con una cotización del 28,3% del salario no financiaría ni 3,5 meses de la futura pensión

Uno de los problemas del sistema actual es la falta de transparencia. Los trabajadores desconocen qué pensión cobrarán en el futuro, pero tampoco saben cuánto han aportado al sistema. En otras palabras: los contribuyentes no saben si han pagado más de lo que van a recibir o menos. “Apenas se sabe que con una cotización del 28,3% del salario no financiaría ni 3,5 meses de la futura pensión”, señala Doménech.

Teniendo en cuenta una vida laboral de 37 años (el mínimo para jubilarse actualmente), se podría financiar la jubilación durante 11 años. Sin embargo, la esperanza de vida media a los 65 años es de casi 20 años (proyección del INE) y dentro de 30 años superará los 25 años. En definitiva, si la tasa de beneficio no se reduce, los jubilados seguirán cobrando más de lo aportado durante décadas.

Rafael Doménech, economista jefe de Economías Desarrolladas de BBVA Research.

Rafael Doménech, economista jefe de Economías Desarrolladas de BBVA Research. Pablo Cobos

4,4 puntos del PIB

La mayor parte de los expertos que coincide en que lo más importante es que la reforma del sistema de pensiones cuente con el mayor consenso posible. Las opciones pasan por reducir la cuantía de las pensiones (medida como la tasa de beneficio) o mantenerla incrementando la presión fiscal sobre los trabajadores. Según los cálculos de BBVA Research, para mantener las pensiones actuales será necesario incrementar el gasto sobre el PIB hasta sumar 4,4 puntos más en 2060. Actualmente 4,4 puntos del PIB se corresponden con 45.000 millones de euros, es decir, todo el déficit que tuvo España en 2016 (según las previsiones), pero a medida que crezca el PIB, el dinero necesario será mayor.

Si se quisiese financiar este aumento del gasto subiendo las cotizaciones a la Seguridad Social, sería necesario llevar el tipo desde el 28,3% actual hasta el 38,9%. Un incremento así tendría efectos distorsionadores sobre el empleo, reduciendo la tasa de ocupación. Esto significa que probablemente este incremento no sería suficiente, debido a que habría menos empleo y peor remunerado, lo que obligaría a poner un tipo todavía más alto, estima Doménech.

Una parte del esfuerzo se podría realizar destopando las bases máximas de cotización. Actualmente los salarios dejan de pagar a la Seguridad Social a partir de los 3.751 euros mensuales, esto es, lo que está por encima queda exento. Si se elimina este tope, todos los salarios altos aumentarían su contribución, lo que aportaría 7.500 millones de euros a las arcas de la Seguridad Social. Esta medida “encarece el factor trabajo y reduce el empleo”, señala Doménech. Además, si no se elimina también la pensión máxima, haría que el sistema fuese menos contributivo, lo que “generaría problemas de credibilidad y reputación”.

Por último, el economista de BBVA Research defendió ante la Comisión del Pacto de Toledo el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP). Doménech fue uno de los expertos que asesoraron al Gobierno en esta reforma del sistema del año 2013 y considera que es imprescindible mantener esta medida.

El Índice de Revalorización de las Pensiones es neutral sobre la suficiencia

Este es uno de los principales puntos de discusión entre los diferentes grupos políticos y los expertos, ya que este sistema de cálculo de la revalorización provocará pérdidas de poder adquisitivo para los pensionistas durante décadas. El IRP lo que hace es limitar al mínimo (el 0,25%) la revalorización anual mientras el sistema siga estando en déficit. Todas las previsiones apuntan a que el déficit se mantendrá muchos años, por lo que los jubilados estarían condenados a sufrir pérdidas de poder adquisitivo.

Doménech niega esta visión, ya que “el Índice de Revalorización es neutral sobre la suficiencia”. El equilibrio financiero depende de dos variables: ingresos y gastos, de modo que, si se aumentan los ingresos del sistema, no será necesario ajustar por la vía de los gastos, esto es, de menores pensiones. El economista señala que el IRP “tiene un contenido informativo valioso sobre la salud financiera del sistema y es la mejor garantía para asegurar a los jóvenes de hoy el sistema de pensiones en el futuro”.