Vuelta a la carga. El organismo que vigila la competencia en España se posiciona de nuevo: la economía colaborativa no es el futuro, es el presente y ha de ser facilitada por administraciones y demás actores económicos. La Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) reclama más liberalización en sectores que han sido sacudidos por estas plataformas tecnológicas que unen oferta y demanda. El principal: el transporte. Es en el taxi donde reclama dos medidas muy destacadas: la ausencia de tarifas marcadas y eliminación de los límites en la concesión de licencias. Son, según denuncia el organismo, las dos iniciativas “que han facilitado la aparición de rentas monopolísticas” en el sector.

El superregulador advierte de que estas ‘reglas’ han reducido la competencia y se han convertido en barreras de entrada para otros actores y, según su opinión, han reducido de manera significativa el impacto de este nuevo sector en España respecto a otros países europeos. Es el caso de Reino Unido, que acoge el 10% de estos negocios alternativos a nivel mundial, más que la suma de esta actividad en Alemania, Francia y España.

Y ante este escenario, ha puesto sobre la mesa un primer estudio sobre estos nuevos modelos. Un documento provisional que se someterá a una consulta pública y que representa un duro golpe especialmente para el sector del taxi.

El taxi, sacudido

El del transporte es uno de los sectores más afectados por esta particular sacudida del ‘superregulador’. La CNMC dibuja un terreno en el que concurren “importantes obstáculos” a la competencia en pleno desarrollo de modelos alternativos con compañías como Uber, BlaBlaCar o Cabify, todos ellos bajo el escrutinio judicial. Dificultades tanto en el lado del acceso al mercado como en el ejercicio de la actividad del taxi o de chóferes con vehículo privado (VTC).

Un sistema de licencias ha permitido cerrar el sector a la competencia y ha facilitado la aparición de rentas monopolísticas

Para mejorar ese acceso al mercado por potenciales operadores, el organismo plantea la necesidad de eliminar la restricción en la concesión del número de licencias de taxi (en muchas ocasiones vinculadas a la población) y de VTC (relacionadas con las del taxi).  Representan “un perjuicio para consumidores en forma de mayores tiempos de espera, mayores precios, menor calidad del servicio y eliminación de los incentivos a la innovación”.

En el lado del ejercicio de la actividad, propone una medida llamativa: la eliminación de las tarifas reguladas en el sector del taxi. Para la CNMC, de acuerdo a lo que señala en su documento, la aparición de nuevas tecnologías en forma de aplicaciones móviles, sistemas de reputación y nuevas formas de contratación han reducido enormemente los costes de búsqueda, información asimétrica y el mayor poder de negociación del conductor frente a los consumidores “que podían justificar, en un contexto de restricción de entrada, la existencia de tarifas”.

En el lado del ejercicio de la actividad, plantean, entre otras medidas, la eliminación de requisitos de calidad y seguridad “innecesarios y desproporcionados”, de limitaciones en la titularidad de licencias o de la autorización administrativa obligatoria por vehículo para la realización de la actividad de VTC. Y va más allá, señalando la retirada de la necesidad de que los vehículos deban ser contratados previamente para poder circular.

Todas ellas son medidas reclamadas por nuevos operadores como la propia Cabify o Uber. Ambas se encuentran inmersas en sendos procesos judiciales, ante las denuncias de diversas asociaciones del taxi. El caso de la estadounidense es significativo: su reinvención con un nuevo modelo basado en estas licencias VTC (arrancó en España en 2014 con un modelo entre particulares que fue suspendido cautelarmente por un juez) pasaba por algunas de las medidas que señala el organismo regulador.

Pero no sólo el taxi es señalado por la CNMC. También el del transporte interurbano de viajeros, con la francesa BlaBlaCar -también denunciada por la patronal del autobús por competencia desleal- como uno de los modelos alternativos más destacados. En este sentido, plantea tres medidas: eliminar el régimen de concesiones basado en un “monopolio temporal” de líneas de autobús, reducir los plazos de duración de los contratos con compañías y desterrar el derecho de preferencia.

El turismo

Más allá del transporte, el organismo se dirige al turismo como el otro gran sector donde se ha desarrollado con mayor rapidez modelos alternativos como el de Airbnb. Y en este terreno, plantea medidas con las que eliminar lo que ellos entienden como medidas que generan barreras para el acceso al mercado del alquiler de viviendas de uso turístico como para el ejercicio de esta actividad.

En el ámbito del acceso, señala a las comunidades autónomas y sus regulaciones. Entre otras recomendaciones incluyen la eliminación de la inscripción de las viviendas turísticas en un registro y la publicación del número como obligaciones, la retirada de cualquier requisito de estancia mínima o máxima o de la prohibición del alquiler de un inmueble por estancias o de la residencia permanente. No se queda ahí y recomienda la eliminación de cualquier tipo de moratoria en la autorización de nuevas viviendas turísticas.

La regulación tiene que estar motivada por la existencia de un fallo de mercado y debe ser proporcionada y no discriminatoria

Muchas de estas medidas habían sido reclamadas por operadores como Airbnb. Incluso, el incumplimiento de esos requerimientos ha desembocado en multas por administraciones regionales y locales en Madrid, Barcelona o Valencia.

En el terreno de los que quieren explotar esta actividad económica, impulsan la retirada de requisitos técnicos “innecesarios o desproporcionados que desincentiven la participación en el mercado e incrementen los costes para los usuarios”.

Sin barreras a los usuarios

Los dardos de la CNMC no sólo van dirigidos a las empresas ‘tradicionales’. También a las nuevas que desarrollan estas nuevas plataformas digitales. La razón: evitar que existan barreras a la salida de usuarios levantadas por estas nuevas compañías. Esos obstáculos sólo pueden proceder de un ingrediente que en esta nueva economía es fundamental: la reputación online.

Los mecanismos de reputación basados en las opiniones de los usuarios “permiten reducir o, incluso, eliminar el fallo del mercado de información asimétrica que previamente existía”. Ante este cambio, el organismo propone que sea posible transferir toda esta información tanto de usuarios oferentes como demandantes entre las compañías competidoras.

Sólo la regulación imprescindible

Hoy, las administraciones tienen un reto enorme: reorganizar sectores cuyas reglas del juego se quedaron obsoletas ante el desarrollo de herramientas que conectan de manera directa a oferta y demanda de una manera alternativa. Y en este contexto, la Comisión ha puesto sobre la mesa un primer documento que puede servir como base para esa ardua tarea y que se someterá a una segunda consulta pública.

Casi 180 páginas de documento para desembocar en una conclusión: la regulación ha de estar a la altura para afrontar un fenómeno “de rápido crecimiento, de importancia económica y social creciente y que cuenta con un gran potencial de desarrollo”. “Tiene que estar motivada por la existencia de un fallo de mercado y debe ser proporcionada y no discriminatoria”, recuerda el organismo.

Para la comisión, la respuesta regulatoria debe estar basada en el interés general “y no en los supuestos derechos adquiridos o el interés particular de determinados grupos de operadores económicos”. Y en esa respuesta, los trámites y procedimientos para cumplir con las obligaciones tributarias y laborales “no pueden generar un coste excesivo que desincentive su participación en el mercado”.