Las reclamaciones del sector agroalimentario y de los centros especiales de empleo (que contratan solo personas con discapacidades) por las sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional (SMI) de 2019 y 2020 (que han llevado a que crezca hasta los 950 euros, un 29% más) han provocado que el Gobierno se esté planteando su postura de aplicarlo de manera homogénea a todos los sectores laborales. O al menos de analizar su impacto.

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Así lo ha dado a entender la vicepresidenta tercera del Ejecutivo, Nadia Calviño, quien ha rechazado la tesitura que tenga que haber “distintos SMI en el territorio nacional”. Sin embargo, aunque ha considerado que un “SMI común es lo adecuado”, también considera que puede haber “un tratamiento específico a algunos sectores o determinados colectivos”.

Fuentes de la Vicepresidencia Económica concretan que, aunque todavía no se ha puesto ninguna medida en marcha en esta dirección, sí que habrá una Comisión de Expertos del Ministerio de Trabajo para constatar, si lo hay, el impacto del alza del SMI por sectores y colectivos y decidir si es necesario tomar medidas.

En este sentido, Calviño ha apostado por mantener la “unidad de mercado” insistiendo en que una diferenciación geográfica del SMI no pasa por los planes del Ejecutivo.

Banca pública

Por otro lado, ha vuelto a descartar la posibilidad de que Bankia acabe en un papel de banca pública, aunque Calviño ha asegurado no tener prisa por ejecutar la privatizacion total de la entidad.

“Es un operador económico con criterios absolutamente privados”, ha dicho durante su comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso. La idea es reducir la participación del Estado y “maximizar la recuperación de las ayudas. Tenemos que no apresurarnos”.

“Cosa distinta es el refuerzo de la arquitectura financiera del Estado en torno a ICO”, ha añadido. “Es el banco público que tenemos en la legislación del Estado: tenemos que maximizar su impacto para movilizar la inversión pública” en diferentes ámbitos.