María Peral María Vega Arturo Criado Miguel Elizondo

La Fiscalía Anticorrupción considera que Francisco González ordenó a sus subordinados trabajar con la empresa de detectives de confianza de su exjefe de Seguridad, Julio Corrochano, "a sabiendas de la condición policial de José Manuel Villarejo Pérez y de la utilización por éste de medios ilícitos para la obtención y acceso a información reservada".

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Es más, el expresidente del BBVA dio instrucciones de contratar a Cenyt "fuera de los circuitos protocolizados dado su carácter ilícito". Todo ello se hizo bajo la supervisión de la actual mano derecha de Carlos Torres Vila, Juan Asúa, y del director general de servicios jurídicos del banco, Eduarzo Arbizu. 

Este directivo fue cesado de la entidad el pasado mes de julio, después de que Antonio Béjar -también despedido por el banco- declarase ante el juez y el fiscal y aportara la documentación que ha sido clave para la acusación de la Fiscalía.

Según el sumario de la pieza 9 del caso Tándem, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, los fiscales consideran que "la preponderante participación de Julio Corrochano vendría determinada por haber recibido directamente del entonces presidente de BBVA, Francisco González, el encargo de gestionar las contrataciones con Cenyt por sus vínculos personales con José Manuel Villarejo tras años como compañeros en el Cuerpo Nacional de Policía, a sabiendas de su condición policial en activo y de que sus servicios incluían el acceso a información reservada que sólo podían obtener prevaliéndose de dicha condición".

Según los fiscales, el expresidente de BBVA pidió al que era su número dos, José Ignacio Goirigolzarri, que ordenara a los altos directivos del banco investigados por el 'caso Cenyt' que trabajaran con agencias de detectives contratadas por los servicios jurídicos del banco, que entonces estaban encabezados por Arbizu.  

El fiscal considera que los contratos con Cenyt los negoció directamente Julio Corrochano con el director general Manuel Castro Aldaro por orden de FG. En esas negociaciones también estuvieron presentes los máximos responsables de Riesgos del banco. Este cargo lo ocupó primero Antonio Béjar y después Ignacio Pérez Caballero.

Béjar ha aportado a la Audiencia Nacional correos electrónicos intercambiados con otros altos directivos del banco en los que se acreditan las comunicaciones entre el socio de Villarejo, Rafael Redondo y los directivos del banco Julio Corrochano y José Manuel García Crespo.

En esas comunicaciones, también intervenía el propio Béjar que fue cesado de la presidencia de Distrito Castellana Norte tras poner esta documentación a disposición del juez y el fiscal el pasado mes de julio.

Su actuación dentro del 'caso Cenyt' se enmarca sobre todo para los seguimientos a empresarios en apuros financieros que tenían deudas con el banco en los años de la crisis inmobiliaria. Entre ellos figuran Luis Portillo y Fernando Martín. 

La Fiscalía señala que el informe forensic preliminar que emitió PwC el 11 de julio de 2019 sobre el proceso de facturación, contabilización y pago de las facturas de Cenyt corrobora lo manifestado por Béjar.

El voluminoso sumario no se queda ahí. También señala el uso de medios que vulneran los derechos fundamentales en otro de los casos que afectan al banco. En concreto, el 'caso Ausbanc' que tuvo lugar en el año 2017, cuando Torres Vila ya estaba en la cúpula de BBVA.