Si bien el Estado ha demostrado poder cumplir con el objetivo autoimpuesto de reducir su déficit público (lo redujo una décima en noviembre), esto no ocurre con las autonomías. Y es que las regiones se han quedado cortas en ingresos, o se han pasado en gasto, depende de cómo se quiera ver.
De una manera u otra, todo esto ha provocado que el superávit de 2018 se haya quedado en un espejismo y este año las comunidades entren en un déficit del que difícilmente podrán escapar.
Así lo indican los últimos datos proporcionados por el Ministerio de Hacienda, que corresponden a noviembre (a un solo un mes del cierre del año), que indican que las regiones han pasado de un superávit de 1.200 millones a un déficit de 3.125 millones de euros, un 0,24% de PIB.
Incremento del gasto
Esta situación era inevitable dada la evolución de los ingresos y de los gastos autonómicos. Si bien la recaudación regional creció un 2,5%, el desembolso lo hizo un 5,2%, más del doble. Está claro que el periodo electoral en el que se sumergieron las comunidades el año pasado hizo mella.
Y es que, en un periodo en el que varias regiones ni siquiera aprobaron presupuestos por las disputas políticas, el gasto en subvenciones subió casi un 30%, mientras que la partida más elevada, la de salarios, se incrementó un 5,8%.
A pesar de este incremento del déficit, el Ministerio de Hacienda argumenta en su informe que los números rojos de las autonomías mejoran "respecto al acumulado de finales de octubre en un 30,6%" como consecuencia de las entregas a cuenta abonadas por el estado en noviembre.
¿Apocalipsis autonómico?
¿Cabe pensar que 2019 acabó con un apocalipsis financiero para las regiones? Podría haber sido peor. Por lo pronto, no han caído en déficit País Vasco, Madrid, La Rioja, Navarra, Asturias y Canarias.
En cambio, la situación es muy complicada en la Región de Murcia y Comunidad Valenciana, autonomías donde el déficit está en el 1,32% y y el 1,29% de PIB respectivamente.
De hecho, son estas regiones las que más insisten en cambiar un modelo de financiación autonómica, por el que claman todas las autonomías sin importar el signo político de su gobierno.
La cuestión del IVA
Todo esto en un momento en el que las autonomías insisten en reclamar unos 2.500 millones de euros por un mes de IVA no entregado por el Estado, una cantidad que ya no se entregará, según ha indicado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros.
Este dinero corresponde a la recaudación de un mes de IVA de 2017 que le tocaría recibir a las autonomías. El que finalmente no se les vaya a entregar se debe, según Montero, al bloqueo del PP al proyecto de Presupuestos de 2019, que hubiera corregido el cambio normativo aprobado por el exministro Cristóbal Montoro que provocó el problema.
De hecho, Montero ha argumentado que el Ejecutivo no se queda ese montante, ya que "no existe" al haberse producido el ajuste en términos de Contabilidad Nacional hace dos años.
Hechos los deberes
Por su parte, el Estado ha cumplido con los deberes, o al menos ha puesto algo de esfuerzo en ellos. Su déficit se rebaja una décima de PIB hasta el 0,87% de PIB, aunque también a costa de no haber entregado los 2.500 millones antes mencionados.
De esta manera, el total de déficit público (que incluye los órganos de la Administración Central) se quedaría en el 1,6% de PIB.
Es decir, que por lo pronto, y a falta de conocer la evolución de los 'números rojos' de las arcas públicas en diciembre, se cumpliría el objetivo de mantener el déficit por debajo del objetivo del 2% del PIB. Y ello a pesar de las estimaciones de órganos como Funcas.