Los grandes tenedores, como las entidades bancarias, deberán ofrecer un alquiler social obligatorio con una duración de hasta siete años antes de interponer una demanda judicial para las familias que acrediten una situación de vulnerabilidad y se les acabe el contrato de alquiler, se encuentren en procesos de desahucios o bien lleven más de seis meses ocupando una vivienda sin título habilitante en el momento de la entrada en vigor del nuevo Decreto ley de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda que ha aprobado este lunes el Govern en Consell Executiu.

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En la rueda de prensa posterior, el conseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Damià Calvet, ha puesto en valor que el objetivo del nuevo decreto es combatir las situaciones de emergencia residencial, aumentar el número de viviendas protegidas en régimen de alquiler y contribuir a la moderación de los precios del alquiler en viviendas privadas.

"Es un plan de choque", ha dicho el conseller, que ha cifrado en 13.900 los desahucios que se produjeron en 2018, y en los dos primeros trimestres de este 2019 ya se han ejecutado 6.990.

Personas con 15 pisos 

En el primero de estos objetivos, el de combatir las situaciones de emergencia residencial, también se enmarca la ampliación del contrato de alquiler social obligatorio, que pasa de tres a cinco y siete años, dependiendo de si la vivienda es propiedad de una persona física o jurídica.

Además, la norma incluye que una persona física con más de 15 pisos en propiedad también será considerada como gran tenedor.

El decreto también incorpora facilidades para construir alojamientos en equipamientos comunitarios para incrementar la oferta y atender a familias en riesgo de exclusión y resolver necesidades temporales de alojamiento.

También se implementarán medidas para considerar como desocupados los edificios con obras inacabadas y poderlos movilizar para generar más vivienda asequible, incluyendo multas coercitivas y la posibilidad de expropiación.

Movilizar solares a vivienda pública 

Además, las administraciones y entidades sociales tendrán más oportunidades para adquirir viviendas por la vía del tanteo y retracto para destinarlos a vivienda asequible a través de la ampliación hasta 2027 del plazo para ejercer estos derechos, así como también del ámbito de aplicación, que se hace extensivo a toda Catalunya

También permite a la Generalitat aplicarlo en segundas y terceras transmisiones de viviendas anteriormente adquiridas por grandes tenedores, con lo que se refuerzan los mecanismos de la administración para hacer efectivo el retorno social del rescate bancario, según el conseller.

Con el objetivo de generar más suelo para vivienda de protección oficial, los solares vacíos de titularidad municipal destinados a construir viviendas de este tipo se podrán movilizar gradualmente, y para ello se elaborará un inventario en el plazo de un año del patrimonio público de suelo y vivienda, y en plazo de dos años se hará un programa de actuación concertada para poner a disposición de la ciudadanía pisos de protección oficial en régimen de alquiler.

Calvet ha indicado que existe un potencial de suelo para hacer 172.000 viviendas de protección oficial: "El decreto obliga a este inventario y también a elaborar un plan para desarrollarlo".