El gobierno vasco tendrá que esperar para poner límites a la actividad de las VTC en su territorio. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha decidido suspender la puesta en marcha del decreto que regula a estos vehículos y que entraba en vigor este sábado. Una suspensión que se ha producido horas después de la publicación de la norma en el Boletín Oficial del País Vasco y tras ser recurrido por Uber. 

En el recurso la compañía estadounidense exigía la aplicación de medidas cautelarísimas que incluían la paralización de dos artículos que iban en contra de sus intereses: la obligatoriedad de contratar VTCs con 30 minutos de antelación, y la prohibición de activar la geolocalización en la app si no se ha contratado un servicio previamente. 

De hecho, y según ha podido conocer EL ESPAÑOL, el recurso de Uber llegaba poco antes del mediodía y tan sólo horas después el TSJPV ha decidido darle la razón. ¿El motivo? Considera que existen motivos para aceptar la "urgencia" a la hora de prohibir la puesta en marcha del decreto ley. Y es que Uber asegura en su auto que, "de ejecutarse inmediatamente el decreto recurrido, la mercantil se vería expulsada del mercado de forma irreversible". 

Uber, 25 coches 

Un guante que recogen los magistrados al señalar que, dado que la norma entra vigor este sábado, "sus efectos se producirán de manera inmediata. Ello impide demorar la resolución sobre la solicitud planteada, habida cuenta del riesgo de que la medida cautelar quede en papel mojado". 

Según explica el gigante americano en el recurso presentado, su presencia en el País Vasco se remonta al pasado 31 de octubre y, en la actualidad, cuenta con 25 vehículos logrando "rebajar los tiempos de espera de nueve a seis minutos". Por tanto, si se aplican los 30 minutos de precontratación que exige el decreto vasco, "podrían producirse unos perjuicios que no podrían ser reparados en el supuesto de que, finalmente, recayera sentencia estimatoria de sus pretensiones". 

Argumenta también que la geolocalización "permitiría al usuario conocer la disponibilidad del servicio y la rapidez con la que puede ser atendido". Por tanto, y según explica en su recurso, esas restricciones suponen "un impedimiento para la prestación del servicio". 

Al exigir una medida cautelarísima que englobe la suspensión, Uber ha tenido que justificar los motivos de la urgencia y también el por qué no habrá perjuicios para los consumidores si la norma no entra en vigor.

No cabe recurso

¿Y qué ha argumentado? Básicamente que "los consumidores se verían perjudicados al producirse una limitación de la competencia, y se generaría un riesgo para la Hacienda pública que podría verse obligada a atender las indemnizaciones que pudiera solicitar" los propietarios de las licencias VTC. 

Contra la decisión del Tribunal no cabe recurso, aunque el Ejecutivo vasco tiene ahora tres días para preparar las alegaciones que permitirán a los magistrados decidir si mantienen o no la suspensión del decreto.