Ya hay cifra sobre la mesa, y en los municipios afectados por el cierre de las centrales de carbón se han puesto manos a la obra. El Gobierno aprobó el pasado viernes una partida de hasta 7 millones de euros para este año con el fin de articular ayudas para "revertir" los efectos negativos para el empleo y la economía de las regiones en las que estas centrales van a bajar la persiana. Una cifra que, no obstante, es susceptible de ser ampliada.
"El cierre de las centrales térmicas conlleva efectos económicos negativos tanto directos como indirectos en el territorio afectado", reconoce el Ministerio para la Transición Ecológica en el texto publicado el viernes en el BOE.
En este sentido, la cartera que dirige Teresa Ribera apunta que al propio impacto del cierre en los trabajadores al servicio de la empresa que opera la central debe unirse el perjuicio económico para actores económicos relacionados (proveedores, transportistas) y otras actividades económicas que puedan verse afectadas.
Así, las ayudas diseñadas por el Gobierno están destinadas a financiar proyectos transversales de los municipios afectados, con el fin de "crear empleo sostenible, incentivar la implantación e impulso empresarial (...) así como la formación, inversión, modernización e innovación tecnológica con un efecto tractor sobre todos los agentes implicados".
De suelo industrial a una residencia
Un anuncio que celebran en las localidades afectadas por el cierre, que ya trabajan a contrarreloj para diseñar los planes con los que pedirán las ayudas en dichas zonas. "Para nosotros fue una noticia positiva", cuentan fuentes del Ayuntamiento de As Pontes (Galicia), uno de los pueblos que se preparan para el posible cierre de su central. "Presentaremos nuestras solicitudes, que va encaminadas a desarrollo de suelo industrial y a cualquier otro tipo de proyectos que podamos encajar dentro de esas ayudas", apuntan.
De este modo, y aunque As Pontes es una de las centrales cuyo cierre no ha sido solicitado aún de forma oficial al Ministerio, el Ejecutivo ha optado por dirigir la convocatoria de ayudas a ayuntamientos afectados por procesos solicitud de cierre con autorización (con una antigüedad máxima de 12 meses) o aquellas que su órgano de gobierno haya manifestado la voluntad de cerrar.
Esto último incluye a las centrales de As Pontes o Litoral (Almería), ya que en su caso su propietaria, Endesa, ha ordenado paralizarlas, acelerando de este modo su cierre.
Los planes en los que están trabajando las localidades son variados. Desde el suelo industrial de As Pontes hasta la ampliación de una residencia de ancianos en uno de los municipios asturianos, los proyectos para los que se soliciten las ayudas han de suponer una cuantía mínima de 25.000 euros y una máxima de un millón. Además, el ministerio de Ribera ha limitado a tres millones de euros la cantidad máxima que puede recibir un solo municipio.
Abrir el ángulo
La convocatoria de estas ayudas difiere de otras similares que, en lugar de ir destinadas a los municipios, se han dirigido a proyectos empresariales o pequeñas iniciativas. Es el caso del marco de actuación para el cierre de minas, entre 2013-2018, que se destinaba precisamente a la empresa.
Ahora, no obstante, el Ministerio pretende "abrir el ángulo". "Con esta orden se presente sentar una base para abrir el marco de actuación que estaba previsto con las ayudas anteriores", cuentan fuentes de la cartera que dirige Ribera.
¿Y cuándo se pondrán en marcha? Según recoge el BOE, el plazo máximo para la resolución del procedimiento y de comunicación será de seis meses. Si se apuraran los plazos, esta convocatoria llegaría casi a la vez que el cierre de las centrales que tienen marcada en rojo la fecha junio de 2020.
Dichas ayudas públicas no están reñidas con los proyectos que las empresas dueñas de las centrales pongan en marcha en las zonas afectadas por sus cierres. Endesa, por ejemplo, ya ha prometido formación en renovables a sus trabajadores.