Las alarmas se han encendido en algunos sectores de la CEOE en las últimas semanas. El aumento de decibelios que ha provocado la campaña electoral ha vuelto a poner encima de la mesa el debate sobre si es necesario (o no) que el Estado intervenga en determinados mercados estratégicos. Así que los patronos han decidido pasar al ataque y recordar al próximo Gobierno que salga de las urnas que la regulación debe respetar “la naturaleza intrínseca del derecho de propiedad”.
Ese respeto al que se hace mención se refiere a las “regulaciones sectoriales”, toda una advertencia ante propuestas lanzadas por Más País o Podemos. No hay que olvidar que la formación de Íñigo Errejón aboga por crear una empresa pública de electricidad o una farmacéutica que obligue a bajar los precios; y que los de Iglesias son partidarios de nacionalizar las eléctricas, las autopistas de peaje o crear un banco público.
Así que los empresarios recuerdan al próximo Presidente del Gobierno que “resulta incuestionable la fuerte vinculación revelada entre la garantía de derecho de propiedad y el nivel de desarrollo económico alcanzado en los distintos países, por la vía de favorecer la inversión y el emprendimiento empresarial”.
Sucumbir a las presiones
¿Significa esto que la empresa cree que podemos tener a Iglesias o Errejón como líderes del país? En absoluto. Lo que denota es la preocupación a que el ganador de los comicios pueda sucumbir a algunas de esas pretensiones a cambio de los votos para la investidura. Es decir, que si tal y como pronostican las encuestas Pedro Sánchez gana con necesidad de pactos con la izquierda, pretenden evitar que haya algún tipo de tentación.
Una advertencia que han plasmado en un documento titulado Prioridades empresariales ante las elecciones generales del 10 de noviembre. En él se insiste, de forma recurrente, en la necesidad de que haya un gobierno que proporcione “estabilidad y moderación”. De ahí que llamen de forma insistente a que exista “un acuerdo de gobernabilidad entre las distintas fuerzas políticas”.
Según explican, lo que hace falta a partir de ahora es "un gobierno que garantice la estabilidad política e institucional y abra una nueva etapa de diálogo y consensos". El objetivo es aportar "predictibilidad y seguridad jurídica", que "son necesarias para que se incremente la confianza de los ciudadanos, empresas e inversores".
Más peticiones
No sólo eso, en el decálogo que han hecho público también reclaman reformas estructurales que fomenten el crecimiento. Para ello consideran indispensable que haya una tributación empresarial “competitiva”. Explican que la presión fiscal en España supone el 10,5% del PIB frente al 9,3% de la Unión Europea. No sólo eso, es que consideran que la recaudación total procedente de las empresas en España es superior al promedio de la UE: 30,4% frente al 26,2%.
Creen que “no deben subirse los impuestos en España” ya que tenemos una presión fiscal “superior a la de nuestro entorno”. Algo que ocurre también con el impuesto de Patrimonio lo que “penaliza el ahorro y la inversión empresarial”.