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El exCEO del Popular, niega que el banco financiase a clientes para comprar acciones

Saracho sostuvo durante su declaración a principios de este mes que Popular financió con 400 millones la compra de acciones.

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El ex consejero delegado del Banco Popular Francisco Gómez Martín negó que el banco diera financiación a clientes para que compraran acciones en la ampliación de capital de 2016 y que él impartiera instrucciones verbales a los directores regionales y territoriales para dicho propósito, como apuntó el expresidente Emilio Saracho durante su turno de declaración.

Así lo manifestó ayer Gómez Martín durante su comparecencia como investigado ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que investiga las presuntas irregularidades que llevaron a la resolución del Popular en junio de 2017, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas presentes en la declaración.

Un documento de 23 de mayo de 2018 de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) apuntaba que del informe de los subsecretarios de Banco Popular para la preparación de las cuentas anuales de 2016 remitidos al supervisor de los mercados se infería la existencia de instrucciones verbales por parte del propio Gómez Martín y otros directivos a los directores regionales y territoriales para que se financiara a los clientes que acudieran a la ampliación, unas indicaciones que se comunicaron a toda la red de sucursales.

Saracho sostuvo durante su declaración a principios de este mes que Popular financió con 400 millones la compra de acciones y un reciente dictamen pericial presentado a la causa penal por los grandes fondos Pimco, Anchorage, Algebris y Cairn Capital concluyó que en el banco existió una estrategia orientada a ocultar una importante financiación a clientes en la compra de acciones de la ampliación para asegurar su éxito e incrementar irregularmente la ratio de solvencia.

Esta supuesta financiación, aunque no es ilegal por sí misma, no se dedujo de los recursos propios imputables, lo que habría alterado la ratio de solvencia. Aplicando los ajustes, el informe pericial de los fondos sostiene que el banco "quedaba muy cerca de incumplir los mínimos regulatorios de solvencia".

Francisco Gómez, que abandonó la entidad el 27 de julio de 2016, dos meses después de la ampliación de capital de 2.500 millones de euros, fue preguntado por esta cuestión durante su comparecencia.

El exdirectivo de Popular aseguró que dicha acusación era absurda y falsa, que no tenía sentido que el banco hiciera algo en contra de sus intereses y que la ampliación de capital estaba colocada y asegurada por los bancos de inversión contratados.

Además, puso de manifiesto que la financiación de acciones estaba prohibida en el manual del banco y recordó que existía un canal de denuncias en la entidad para alertar sobre este tipo de prácticas, sin que se registrase ninguna denuncia en este sentido.

De esta manera, Gómez defendió que no hubo créditos para la compra de acciones, al menos que él conociera, y que no se hizo ningún estudio para comprobarlo, como afirmó Saracho.