Con su apuesta por Indra como coordinador nacional industrial en el programa del futuro caza europeo, conocido como Future Combat Air System (FCAS), el Ministerio de Defensa ha hecho valer una máxima muy utilizada tanto entre los inversores bursátiles como en los jugadores de cartas: quien no arriesga no gana.
El Ministerio capitaneado por Margarita Robles tenía dos opciones encima de la mesa: apostar por Airbus, una opción continuista y con un nivel de riesgo controlado, u optar por Indra, una decisión que entraña muchos más riesgos pero que puede tener un beneficio mayor si se cumplen las premisas más favorables.
La elección de la segunda conlleva una serie de riesgos que el Gobierno de España ha decido asumir buscando un beneficio mayor de cara al futuro para la industria de defensa del país. Una decisión que ha despertado muchas reticencias pero que desde fuentes conocedoras de la toma de la decisión defienden con ahínco.
Los pros
Con la elección de Indra, el Gobierno se asegura un control férreo sobre el 33% que corresponde a España en el programa FCAS (el otro 66% se lo reparten a partes iguales Francia y Alemania). Una circunstancia totalmente distinta a la que habría tenido si hubiera optado por Airbus.
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) controla un 18,7% de Indra, lo que la convierte en su máximo accionista. Por el contrario, en Airbus la participación de la Sepi asciende al 4,2%. Un peso accionarial con el que el Gobierno no tiene una capacidad tan efectiva de presión. Más, después de que, tanto la última dirección de Airbus como la nueva encabezada por Guillaume Faury, hayan hecho de la despolitización del consorcio aeronáutico la bandera de su gestión.
A esta cuestión hay que sumar que el núcleo de control de Indra es de capital español, una circunstancia que ha tenido mucho peso en la decisión. Más cuando Francia ha puesto su 33% del proyecto en manos de Dassault. Además de la Sepi, Indra tiene en su capital a la Corporación Financiera Alba, que controla un 10,5%.
Esto suma más de un 29% de las acciones de Indra, frente al 13,4% que controlan Fidelity Management Research y Norges Bank. Con esta decisión, el Gobierno aspira a negociar de igual a igual con franceses y alemanes. Algo que, según cuentan fuentes negociadoras, no aseguraba la opción de Airbus.
Para razonar este argumento, estas mismas fuentes apuntan un nombre: Eurofighter. Los defensores de la opción Indra entienden que la participación de España en el anterior programa de cazas europeos consiguió menos peso del que podría haber obtenido.
La elección de Indra persigue tener una posición más fuerte en el futuro programa desde el momento inicial de la conceptualización. Siempre destacando el papel de coordinador de Indra, que luego sería la encargada de repartir juego entre otros participantes donde también podrían estar las plantas españolas de Airbus u otros subcontratistas tradicionales de la industria aeronáutica como ITP.
Este papel de coordinador no quita para que Indra, con esta decisión, consiga dar un salto de escala en su rol dentro de la industria de Defensa. Ser una de las tres empresas que forman parte del eje principal del programa FCAS coloca a la compañía española en una posición que hasta el momento no había alcanzado dentro de este negocio.
Se espera que los conocimientos y la experiencia conseguida gracias a la participación en este programa tengan un efecto multiplicador para el negocio de Indra. Dentro de la casa se espera, además, que las trasferencia tecnológica tradicional entre proyectos de defensa y tecnología civil se vea en este proyecto. Algo con lo que la compañía espera nutrir en el futuro a otras divisiones gracias a la labor que desempeñe en FCAS.
Los contras
En el lado de las sombras, la decisión del Gobierno supone un volantazo a las relaciones que venía manteniendo con Airbus como actor principal de la industria aeronáutica de defensa en España. Una circunstancia en la que se da el agravante de que durante los últimos años el consorcio aeronáutico venía reclamando al Gobierno inversiones a largo plazo que favorecieran que desde el consorcio europeo se apostara por España para desarrollar programas que se traducirían en puestos de trabajo y planes a medio plazo de seguir afianzando la relación entre España y Airbus.
Desde 2007, la plantilla de Airbus en España casi se ha duplicado. De unos 7.000 trabajadores en 2007, el fabricante europeo ha pasado a más de 12.000 en la actualidad. De estos 7.700 trabajan en la división de aviación de defensa. Desde el sector se teme que una decisión como la tomada con el programa FCAS suponga un enfriamiento de las relaciones y un acontecimiento que será tenido muy en cuenta en decisiones futuras de Airbus.
Los contrarios a apostar por Indra destacan la inexperiencia de esta empresa en un proyecto aeronáutico de esta envergadura. Desde el sector se apunta a la falta de una visión de la foto entera para ocupar la posición de coordinador que se le ha dado a la empresa.
Un argumento que hace hincapié en lo costoso que fue para Airbus, en los primeros años, encajar todas las piezas necesarias para diferentes proyectos. Indra tendrá que poner en marcha protocolos y equipos de un nivel y escala distintos a los que ha participado en la industria de defensa.
Y es que si una idea se repitió durante la jornada del pasado viernes, fecha en la que se conoció la decisión del Ministerio de Defensa, es que el Gobierno había decidido otorgar al subcontratista el papel de subcontratador y al subcontratador el rol de subcontratista.
Esta circunstancia genera muchas reticencias de cara al momento en el que Indra tenga que negociar con la francesa Dassault y la propia Airbus, elegida por Alemania, en los órganos de Gobierno del FCAS. Desde el sector se señala que, tras la decisión del Gobierno, Airbus va a tener muchas razones para tirar de galones en las negociaciones que mantenga con franceses y españoles.
Un punto en el que se teme que el eje francoalemán haga una pinza más fuerte a Indra de la que habría realizado en el caso de que Airbus fuera el representante de España. Un miedo que desde otras fuentes descartan debido a las excelentes relaciones que actualmente mantienen el presidente de España, Pedro Sánchez, y el presidente de la República francesa, Emmanuel Macron.
En definitiva, una decisión de alto riesgo con la que el Gobierno se la juega. En el caso de que se cumplan las expectativas más optimistas, al igual que en el caso de Indra, España puede plantarse en la próxima década siendo sede de dos empresas referentes para la industria aeronáutica de defensa en lugar de una.
Por el contrario, si yerra el tiro el Gobierno pondrá en riesgo la actual posición privilegiada que España ha construido en base a Airbus en las últimas décadas. Sólo el tiempo demostrará si el Ejecutivo español en funciones ha pecado de ambicioso con esta decisión o si ha jugado con maestría sus cartas en esta partida.