Las paradojas de la parálisis parlamentaria han llevado a que las empresas tecnológicas deseen que el presidente de Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no consiga los apoyos suficientes y convoque nuevas elecciones para el próximo 10 de noviembre.

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No es que el sector desee la inestabilidad política ni el caos parlamentario. De hecho, están de acuerdo con que exista estabilidad en el Ejecutivo, pero -según ha podido saber este diario- creen que con unas nuevas elecciones podrían ganar tiempo para que se acuerde una tasa Google a nivel mundial y en el marco de la OCDE.

Esto obligaría a Moncloa a adaptar su normativa a las reglas internacionales antes de que comience su aplicación por libre en España. De hecho, la propia ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, confirmó el lunes que el Ejecutivo adoptará la normativa internacional cuando se acuerde, pero no esperará al G7 ni a la OCDE para aplicarla. 

1.200 millones de euros anuales

"Es fundamental desarrollar un pacto internacional para esta imposición digital", indicó pero "si no es posible llegar a un acuerdo en el G7 y la OCDE, acuerdos que nosotros estamos impulsando muy directamente, habrá que hacerlo a nivel europeo y, si no, habrá que hacerlo a nivel nacional", dijo la ministra en las jornadas anuales de la patronal tecnológica Ametic.

Fuentes del sector con las que ha hablado EL ESPAÑOL, indican que el acuerdo por la tasa Google esbozado en el G7 de la semana pasada, podría alcanzarse antes de fin de año o comienzos del próximo, unas fechas que -de producirse una nueva convocatoria de elecciones- podrían permitir tener la normativa común antes de que Pedro Sánchez pudiese enviarla a las Cortes en un hipotético nuevo Gobierno. 

La ministra Calviño también confirmó este lunes que en cuanto sea posible enviarán el proyecto de impuestos sobre determinados servicios digitales a las Cortes, con el que esperan recaudar unos 1.200 millones de euros anuales. Este montante es clave para la financiación del futuro gasto social y ya ha sido incluido en los Presupuestos enviados a Bruselas antes del verano.

Tasa armonizada en la OCDE

"Nuestro Gobierno ya propuso la creación de un impuesto que lamentablemente decayó debido al bloqueo de los Presupuestos Generales del Estado, lo que terminó la legislatura de forma anticipada. Nosotros no renunciamos y tenemos la intención de volver a poner sobre la mesa una propuesta de creación sobre determinados servicios digitales" dijo la ministra. 

El sector tecnológico no está en contra del impuesto, pero considera que debe ser armonizado con los países de nuestro entorno y que es un error aplicarlo en España antes de lograr un pacto, al menos, europeo. De esta manera, y tras las palabras de la ministras no ven mal una nueva convocatoria de elecciones que "de tiempo" para que se apruebe una tasa armonizada en la OCDE.

Muchas empresas se muestran confiadas en los avances del G7 -donde se vislumbró un principio de acuerdo internacional en el seno de la OCDE- y consideran que es un buen punto de partida para aplicar la tasa a nivel mundial.