Fernando Cano Arturo Criado

El futuro de Javier Monzón como presidente no ejecutivo de Prisa depende de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo de la compañía. El reglamento interno del grupo cotizado establece que cuando un miembro del consejo es imputado o investigado en una causa judicial debe comunicarlo a la empresa. A continuación esa comisión debe realizar un informe con el que el consejo de administración deberá tomar la decisión definitiva.

En una nota de prensa publicada minutos después de conocerse la imputación de Javier Monzón -presidente no ejecutivo de Prisa- en el caso de la presunta corrupción del Partido Popular en Madrid, el grupo editor de El País y la Cadena Ser indicó que “el consejo de administración aplicará en todo momento lo previsto en su reglamento y la legislación aplicable".

Esto quiere decir que todo depende de Joseph Oughourlian. El representante de Amber Capital, accionista mayoritario con el 29% de Prisa, es vicepresidente no ejecutivo de la compañía y vocal de la Comisión de Nombramientos. La Comisión está presidida además por Sonia Dulá e integrada por los vocales, Javier Gómez-Navarro y Béatrice de Clermont-Tonnerre, además del secretario Xavier Pujol Tobeña.

El reglamento de Prisa

Oughourlian lleva más de un año enfrentado a Javier Monzón por el control de la compañía y su relación dista mucho de ser buena. Fuentes cercanas al consejo indicaron a este periódico que el dueño de Amber está ante una oportunidad única para apartar a Monzón, que es apoyado por el Banco Santander. No obstante, otras fuentes indican que lo mejor es ceñirse en estos momentos a lo que dice el reglamento.

El reglamento de Prisa detalla que todo consejero deberá informar a la Sociedad, a través del Secretario del consejo de administración, “en el caso de que fuera llamado como investigado, resultara procesado o se dictara contra él auto de apertura de juicio oral en una causa penal por cualquier delito y del acaecimiento de cualesquiera otros hitos procesales relevantes en dichas causas”.

En este caso -que es lo que le ha ocurrido a Monzón- “el consejo de administración examinará esta circunstancia tan pronto como sea posible y, previo informe de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, adoptará las decisiones que considere más oportunas en función del interés social. De todo ello, el consejo de administración dará cuenta, de forma razonada, en el Informe Anual de Gobierno Corporativo”.

Las fuentes consultadas indican, además, que el reglamento del consejo de administración es claro en los puntos por los que se podría cesar a uno de sus miembros. De los cuatro supuestos de dimisión, el número dos deja patente que la situación de Monzón es muy complicada.

“Cuando por hechos o conductas imputables al consejero se hubiere ocasionado —o se pudiere ocasionar a juicio del consejo— un daño grave al patrimonio social o a la reputación de la Sociedad o surgiera riesgo de responsabilidad penal para la Sociedad o alguna de las sociedades del Grupo”, se debería formalizar la salida de un consejero.

Con el reglamento en la mano, Monzón tiene pocas opciones para seguir como presidente ejecutivo de Prisa, en especial si el propio Oughourlian está encima del informe que deberá analizar el consejo para decidir su futuro en la compañía. No obstante, las fuentes cercanas al consejo consultadas prefieren ser cautas y piden tiempo para que la compañía trabaje y realice su informe.

Algo similar ocurre en Openbank. El banco digital del Santander tiene como presidente no ejecutivo a Javier Monzón desde junio de 2018. Su llegada se enmarcó en la renovación del consejo que se llevó a cabo en la entidad, con el objetivo de impulsar la entidad. 

Desde Openbank no hacen comentarios, según han trasladado a EL ESPAÑOL. Sin embargo, otras fuentes aseguran que se está siguiendo de cerca la situación procesal de su presidente no ejecutivo. 

Los motivos de la imputación

Es más, según revela Vozpópuli, el reglamento del consejo de Openbank obliga a Monzón a informar de todas aquellas cuestiones que puedan "perjudicar al crédito y reputación" del banco. 

Monzón ha sido llamado a declarar como investigado dentro de la trama Púnica por la financiación irregular del PP de Madrid. En concreto, dice el auto,  por su gestión como presidente de Indra, compañía que "se convirtió en instrumento de desvío de los fondos públicos de ICM, y en la caja pagadora de los servicios electorales prestados encubiertamente al Partido Popular de Madrid y de otras deudas del partido o de sus dirigentes".

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