Las grabadoras traen por el camino de la amargura a la banca española. En un caso, por presuntas escuchas ilegales; en el otro, por grabaciones legales. Pero en ambos casos, poco éticas y amorales.

La reputación de los bancos navega en el mismo barco. Y cuando el sector financiero español todavía no ha digerido la imputación como investigado de BBVA en el ‘caso Cenyt’, otras grabaciones han levantado un tsunami. Se trata de las realizadas por Andrea Orcel de las conversaciones que mantuvo con Ana Botín y otros dos ejecutivos del banco implicados en su contratación fallida: el secretario de la comisión de nombramientos, Jaime Pérez Renovales, y el director general adjunto de Banco Santander, Javier García Carranza.

Grabar conversaciones sin conocimiento del interlocutor cuando el sujeto que las realiza es protagonista del contenido no es ilegal. Andrea Orcel podrá utilizar su contenido en el juicio y dar titulares con miga a la prensa sobre las negociaciones en 'Spanglish' que mantuvo con Botín y ahora están en los juzgados. 

Sin embargo, sacar a la luz el contenido de una disputa con la presidenta del primer banco español por un asunto privado no parece lo más ético y adecuado para la reputación de un banquero.

A diferencia de lo que ocurre en otros cargos ejecutivos, para gestionar un banco hay que ser “honorable”. Y además es clave saber ganarse la confianza del interlocutor. Si no se cumplen estos requisitos, no es posible pasar el fit and propper, nombre del examen que el Banco Central Europeo (BCE) realiza a cada consejero para determinar si es idóneo para el cargo.

En el caso de Orcel, los hechos van confirmando la fama de tiburón financiero que se granjeó en la City de Londres, donde era presidente de la banca de inversión de UBS. Ya se lo advirtió al italiano García Carranza, según se desprende del contenido de las grabaciones desveladas por El Confidencial. Si la sangre llegaba al río y el conflicto a cuenta de la fallida oferta llegaba los tribunales, la defensa del Santander argumentaría que el italiano es un “greedy” (avaricioso en inglés).

Poco le importó a Orcel la amenaza. El dinero es el dinero y el italiano quiere que el Santander le pague 102 millones de euros en concepto de indemnización. Se trata del salario de casi 10 años que hubiera ganado en el Santander, pese a que no llegó a trabajar en el banco. 

Orcel ha logrado que UBS le pague algo más de 50 millones de euros por este mismo conflicto. Sin embargo, el italiano prefiere renunciar a esa indemnización y cobrar sólo del Santander. Con ello, busca no tener que firmar la cláusula anticompetencia con el banco suizo que le impide trabajar, con 56 años, para otras entidades del sector a cambio de recibir el pago. El banco español se niega a abonar esa cuantía por considerar que fue el italiano quién propició la rotura de su oferta al intentar elevar las condiciones de su fichaje una vez anunciado.

No fueron las competencias

El contenido de la demanda formalizada por el financiero, confirma que Orcel va a por todas contra Botín. Cuando se canceló su nombramiento, el italiano comenzó a mover en los círculos de UBS el rumor de que su salida se explicaba por el temor de la presidenta a que su llegada diera pie a una conspiración de los fondos para que Orcel fuera su sucesor.

Un relato que fuentes próximas al Santander consideran disparatado porque consideran que, de ser así, Botín no hubiera contactado con él.

Orcel sabe mucho de banca y es consciente de que cuestionar el Gobierno corporativo del Santander puede dañar a la entidad si el mensaje cala entre los fondos que cuentan con acciones del banco.

Otra cosa no, pero el reparto de poder en el primer banco de la Eurozona por capitalización bursátil es claro. Faltan muchas cosas para esclarecer este caso. Pero parece extraño que la delimitación de sus competencias fuera el problema en una entidad sometida a la vigilancia de su Gobierno Corporativo. Más creíble parece la versión de que el consejo y la presidenta perdieron la confianza en el futuro CEO, algo vital en el negocio bancario.

En la Ciudad Financiera se comenta que esa pérdida de confianza en el italiano estuvo motivada por su ambición por el dinero. Y es que anunciado su fichaje, Orcel habría tratado de utilizar la oferta que le había hecho el Santander para disparar sus ingresos, según la entidad. Una actitud que no gustó a la cúpula del banco español, cuentan fuentes conocedoras de las negociaciones.

El Santander se defiende

Llegados a este punto, con la demanda y las alegaciones ya presentadas, parece cada vez más complicado que Santander firme un acuerdo extrajudicial con Orcel. Aunque un armisticio nunca es del todo descartable, en este momento no hay puentes entre ellos. Parece que los tribunales tendrán la última palabra.

En el Hecho Relevante que el banco envió a la CNMV en septiembre, cuando anunció la contratación de Orcel, dejó por escrito que el fichaje estaría sujeto a que se lograran “las autorizaciones correspondientes (incluidas las derivadas de las condiciones del actual empleo del Sr. Orcel)”. Y en aquel momento, el italiano no dijo nada.

Ahora, el Santander ha ofrecido más detalles sobre lo que ocurrió en aquellas fechas.

“El consejo acordó nombrar consejero delegado al Sr. Orcel el 25 de septiembre tras aprobar una carta oferta que señalaba que si UBS decidía abonar solo parcialmente la retribución diferida o un importe de la misma inferior al que el Sr. Orcel hubiera percibido de permanecer en UBS, el banco pagaría una compensación (buyout) de, como máximo, 35 millones de euros”, ha explicado la entidad en un comunciado difundido tras la filtración de las conversaciones.

Según la versión del banco, con el anuncio ya atado, Orcel trató de subir ese precio de su contratación y quebrantó la confianza de la cúpula del Santander en él. Por si fuera poco, pese al compromiso adquirido por el italiano para lograr que UBS no pusiera pegas a su llegada a Madrid y abaratara su salida, el banquero se hizo el remolón. 

Desde entonces, el italiano dice estar obsesionado con su honorabilidad. Sin embargo, granjearse la fama de grabar conversaciones privadas sin conocimiento de sus interlocutores y sacarlas a la luz para cobrar más no parece la mejor forma de preservar ese honor en el mundo financiero.