Unos y otros, empresas y sindicatos, trabajan a contrarreloj para tener listas las alegaciones el próximo 9 de agosto, la fecha límite que ha marcado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para hacer sugerencias a la propuesta de recorte del regulador en los pagos a eléctricas y gasistas.

En concreto, la CNMC ha planteado para los siguientes periodos regulatorios una rebaja del 17,8% en la retribución de la distribución del gas y del 7% en la de la electricidad, así como un recorte del 21,8% para la actividad de transporte de gas y regasificación y del 8,2% para la del transporte eléctrico.

Unas cifras que han inundado de nervios el sector, sobre todo el gasista, pero que el propio presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, está dispuesto a suavizar. En concreto, esta misma semana pidió a las empresas energéticas más colaboración para aportar "reflexiones certeras", en lugar de "ruidos ambientales".

En este periodo de información pública también los sindicatos tienen algo que decir. Así, tanto el Sindicato Independiente de la Energía (SIE) como CCOO se han pronunciado estos días insistiendo en que la propuesta del regulador puede poner en riesgo puestos de trabajo; a su juicio, los recortes de la CNMC podrían terminar espantando a inversores que ya tuvieran el ojo puesto en el mercado español.

Por su parte, CCOO ha dado un paso más y se encuentra preparando su propia batería de alegaciones, que presentará en los próximos días. Entre las razones para hacerlo, desde el sindicato señalan de forma directa los últimos anuncios de Naturgy y Madrileña Red de Gas, que ya han comunicado que paralizarán inversiones hasta conocer los efectos que puedan tener los recortes en los pagos.

Mantener el empleo, la obsesión

A estos anuncios se suma el castigo en Bolsa sufrido por las compañías -sobre todo por Enagás, Naturgy y Red Eléctrica- los primeros días tras el anuncio, además de la preocupación manifiesta de la Asociación Española del Gas (Sedigas), que esta semana ha transmitido su malestar al propio ministerio.

Un panorama que no tranquiliza a los trabajadores, por lo que los sindicatos han decidido tomar cartas en el asunto. En concreto, transmitiendo a la CNMC las razones por las que creen que los recortes en los pagos ponen en peligro a las plantillas de las compañías.

"Estas actuaciones pueden provocar que no se acometan inversiones dentro de la red de transporte y distribución, y podrían afectar al empleo", denuncian desde CCOO, quienes reseñan: "Para proponer estos recortes, no se ha tenido contacto con ninguna empresa, ni con el sector".

Por eso, fuentes del sindicato apuntan que su intención es pedir que se tengan en cuanta los aspectos técnicos, "no solo económicos", y solicitar al Gobierno que "actúe como moderador" entre las partes."Pedimos serenidad, que nadie haga movimientos irresponsables", dicen.

En concreto, el sindicato está reuniéndose estos días con patronales y posibles afectados de los recortes, y espera tener listas pronto sus alegaciones para preparar el documento final entre la semana que viene y la siguiente. ¿Lo harán solos? De momento, ningún otro sindicato ha confirmado si aportará sugerencias, pero desde CCOO son claros: "Una vez que tengamos claras las líneas, no descartamos que se pueda prepara de forma conjunta", dicen.

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