La nueva Autoridad Independiente de Protección del Cliente Financiero que pondrá en marcha el próximo Gobierno puede asestar un duro golpe a los despachos de abogados que han experimentado un gran crecimiento en los últimos años al calor de las reclamaciones bancarias. Así lo estiman fuentes financieras consultadas por EL ESPAÑOL que apuntan a que el nuevo organismo puede tener un efecto muy positivo en los juzgados si reduce la elevada litigiosidad relacionada con el sector.

La nueva oficina debería haberse puesto en marcha en julio 2018 por mandato de la Comisión Europea. De hecho, ya el Gobierno de Mariano Rajoy estuvo trabajando en el organismo. Sin embargo, la parálisis reformista que padece España hace que el Ministerio de Economía en funciones siga perfilando los detalles de cómo funcionará con un año de retraso.

Según explicó la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, este jueves en Onda Cero, el Ejecutivo está ultimando todavía los detalles sobre cómo se costeará. Pero la ministra reconoció que todo apunta a que serán los bancos los que la financien, lo que será un "incentivo muy potente para que se resuelvan los problemas y las reclamaciones" dentro de las propias entidades, a través de sus servicios, sin tener que llegar a esa autoridad. Se baraja que el coste pueda alcanzar los 200 euros por reclamación, una cifra que algunas entidades califican de "locura" si la letra pequeña no aclara qué conflictos estarán sujetos a esa penalización.

No obstante, fuentes consultadas reconocen que el hecho de que los bancos financien la futura oficina en función de sus conflictos con clientes va a ser un gran aliciente para que resuelvan sus problemas de manera interna, con un resultado más satisfactorio para usuarios y entidades financieras.

Vía extrajudicial

Además, se celebra de manera generalizada que al fomentar la solución extrajudicial para los conflictos financieros se reduzcan los pleitos en los que las entidades tienen que lidiar con despachos especializados en estos asuntos como Arriaga Asociados o Bufete Rosales, dos de los más conocidos en el sector.

Tan sólo algunas voces de entidades se muestran escépticas con que esto ocurra, alegando que estos despachos suelen proponer a sus clientes que busquen una solución negociada antes de recurrir a los tribunales.

En cualquier caso, la Autoridad Independiente de Protección al Cliente sólo podrá resolver conflictos con una cuantía inferior a los 50.000 euros. Pero su vocación es reducir el grado de litigios que llegan a los tribunales no sólo en España, sino también en la corte Europea. Al Tribunal de Justicia de la UE han llegado numerosos casos relacionados con demandas financieras, como por ejemplo, los relacionados con el índice hipotecario IRPH o las cláusulas suelo.

Un organismo independiente

El grado de independencia del Gobierno que tenga la oficina es otro de los elementos que más preocupa al sector financiero. Dar la razón a los usuarios que reclamen en momentos, por ejemplo, previos a las elecciones, puede ser utilizado por el Ejecutivo de turno para colgarse una medalla sobre el funcionamiento de los organismos públicos, advierten desde un banco. En especial, cuando se trata de ganar a un sector con tantos problemas de reputación como es el financiero.

La nueva oficina tendrá más poderes que el Banco de España con su actual sistema de reclamaciones de consumidores, puesto que sus decisiones serán vinculantes para los bancos.

La gran duda del sector es si este nuevo ente resolverá realmente los conflictos o tendrá un "efecto llamada" que dispare las reclamaciones contra la banca.