Christine Lagarde, actual presidenta del FMI y futura presidenta del BCE.

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Empresas

Lagarde no tendrá que declarar en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia

La CIC se había mantenido firme en mantener el testimonio de esta testigo, pero finalmente ha decidido renunciar a esta prueba.

10 julio, 2019 15:30

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La Confederación Intersindical de Crédito (CIC), defendida por el abogado Andrés Herzog, ha decidido renunciar a la declaración en calidad de testigo de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia en "aras de no causar un trastorno a la causa".

Así lo ha puesto de manifiesto Herzog este miércoles ante la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tras haber concluido la fase pericial del proceso. A pesar de que la CIC se había mantenido firme desde un principio por mantener el testimonio de esta testigo, finalmente ha decidido renunciar a esta prueba.

Precisamente este lunes, la Audiencia Nacional había fijado este mes de julio como límite para que Lagarde respondiera al cuestionario enviado por la CIC, vía para declarar a la que se acogió la directora del organismo internacional tras aludir a su "política de inmunidad" y argumentar las dificultades que suponía declarar por videoconferencia, tal y como sí hizo el exministro de Economía y ahora vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos.

La CIC preparó un cuestionario que consta de seis preguntas y que fue recibido por Lagarde el 25 de junio, si bien la semana pasada dijo que lo había recibido en "mal estado", por lo que pidió que se ampliara el plazo para responder hasta el próximo 16 de agosto.

Los juzgados españoles cierran sus puertas en el mes de agosto, por lo que extender el plazo de entrega de las respuestas, que además deben ser traducidas y aprobadas por el Ministerio de Economía y Empresa antes de su incorporación al proceso, implicaba tener que esperar al menos hasta septiembre.

Es por esto que, después de casi ocho meses desde que comenzara el juicio, la presidenta del tribunal Ángela Murillo no estaba dispuesta a continuar alargando el proceso, de modo que decidió rechazar la petición de Lagarde y manifestó su voluntad de terminar este mes de julio con la fase pericial, que se inició el pasado 17 de junio.

Final apresurado

No obstante, el final de la fase pericial se ha precipitado y ha concluido este miércoles, con lo que Murillo ha dado por cerrada la parte probatoria de este complicado proceso y ha fijado el próximo lunes 22 de julio para exponer las conclusiones finales del Ministerio Fiscal y de las acusaciones.

Los acusados, entre los que se encuentra el expresidente de Bankia y actualmente encarcelado en Soto del Real por el caso de las 'tarjetas black', Rodrigo Rato, tendrán que acudir a la sala para la celebración de la próxima sesión.

De este modo, la fase pericial del juicio que investiga irregularidades en la salida a Bolsa de Bankia en julio de 2011 ha puesto fin tras cuatro semanas de intenso debate entre los peritos judiciales cedidos a la causa por el Banco de España y propuestos por la Fiscalía Anticorrupción, Antonio Busquets y Víctor Sánchez Nogueras y los contratados por las partes de Rodrigo Rato, Deloitte y BFA-Bankia.

Esta parte del proceso ha estado marcada por las acusaciones de los peritos de las partes a los judiciales de realizar una lectura con "sesgo retrospectivo" de toda la documentación que forma parte del sumario de la causa.

"Insuficiencias" desde el SIP

Según el análisis realizado por los peritos judiciales Antonio Busquets y Víctor Sánchez Nogueras, las cuentas de Bankia, desde el momento de su creación hasta su rescate, no reflejaron su imagen fiel. De hecho, han reiterado en numerosas ocasiones que las "insuficiencias" venían desde la misma constitución del Sistema Institucional de Protección (SIP) a través del que se unirían las siete cajas que darían lugar a la entidad.

Asimismo, han podido constatar que había información disponible a 31 de diciembre de 2010 para hacer determinadas provisiones que no se hicieron o no se registraron conforme a la normativa, imputándolos contra reservas y no contra resultados.

También han incidido en que Bankia intentó "vender el proyecto" para la salida a Bolsa realizando presentaciones con inversores institucionales, en las que los interesados presentaban órdenes de compra revocables no vinculantes, en donde se demostró que el apetito "era nulo". Además, han precisado que les llamó la atención que muchas empresas que habían acudido a la colocación tenían riesgos financieros por su mala situación y vendieron al día siguiente.

Del mismo modo, han relatado que en un proceso de salida a Bolsa es habitual que haya un descuento, pero han subrayado que suele ser "limitado" y no de hasta el 75% como en Bankia, calificándolo de "anormal y desproporcionado". Tal y como han apuntado, el mismo Banco de España recoge que descuentos superiores al 40% podrían poner en cuestión la viabilidad de los proyectos.

Posteriormente, cuando Bankia, con el nuevo equipo gestor liderado por José Ignacio Goirigolzarri, reformuló las cuentas de 2011 en 2012, BFA también llevó a cabo ajustes y decidió hacer aflorar el deterioro de la entidad sobre su balance. Para Busquets y Sánchez Nogueras, la reformulación realizada por BFA respondía a una forma de reconocer el efecto del descuento de Bankia en BFA.

En suma, los peritos judiciales han asegurado que la reformulación se llevó a cabo porque había "millones de errores contables" no reconocidos que venían de tiempo atrás. "No negamos la existencia de la crisis, evidentemente cómo vamos a negarla, ¡Dios me valga!, pero la reformulación se hizo porque había millones de errores contables que no fueron reconocidos, no por la crisis, porque si no el resto de bancos debían de haberlo hecho y no fue así", han zanjado.

Los de las partes discrepan

La lectura de la documentación realizada por Sánchez Nogueras y Busquets resulta ser totalmente contraria a la llevada a cabo por los peritos contratados por las partes.

La decena de catedráticos de Bankia y su matriz BFA, de Deloitte y de Rodrigo Rato, que han podido intervenir en cualquier momento para juzgar la declaración de los judiciales, los han acusado continuamente de realizar su análisis pericial con "sesgo retrospectivo", con una "visión distinta a la del resto del mundo", así como de hacer una lectura "parcial y a su conveniencia" de las normativas nacionales e internacionales.

La fase pericial se dividió en tres bloques temáticos: constitución del SIP, salida a Bolsa y formulación y reformulación de las cuentas de 2011.

En el careo de peritos con respecto al primer bloque, las partes solamente se han dedicado a valorar el análisis de los judiciales sin exponer sus análisis, criticándoles por haber utilizado información "contaminada" y conocida posteriormente a los hechos, o poniendo en duda la metodología usada y sin llevar a cabo una aplicación correcta o respetuosa de los principios y normas de contabilidad.

Solamente en el debate sobre cargar pérdidas contra reservas o contra resultados, los peritos de las partes, aunque tachando a los judiciales de "ignorantes" respecto a la NIIF 3, han asegurado que estaban legitimados por la normativa para hacer los ajustes en adopción de las normas internacionales de información financiera, "que estima expresamente la posibilidad de poner activos y pasivos a valor razonable con ajuste a reservas".

El debut bursátil lo han defendido precisando que el precio de colocación no fue fijado por el consejo de administración sino por los inversores institucionales, indicando que hicieron lo mejor "para los minoritarios", y han reiterado que el descuento no fue algo excepcional, sino que cotizaba así toda la banca nacional e incluso internacional debido al contexto económico de incertidumbre y sin precedentes.

En cuanto a la reformulación, han señalado BFA la hizo como obligación en la medida en que Bankia había reformulado, subsanación que según los gestores fue derivada de la situación de crisis económica y la aplicación de los Reales Decretos impulsados por el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos.