Los peritos contratados por Deloitte Manuel García Ayuso, José Antonio Laínez y Juan Monterrey.

Los peritos contratados por Deloitte Manuel García Ayuso, José Antonio Laínez y Juan Monterrey.

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Los peritos de Deloitte tildan de "falsas" las tesis del BdE sobre cuentas de Banco de Valencia

En el juicio por la salida a Bolsa de Bankia, estos sostienen que el FROB avaló las cuentas del ejercicio 2010 y las pérdidas incurridas.

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Los peritos contratados por Deloitte, Manuel García Ayuso, José Antonio Laínez y Juan Monterrey sostienen que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) avaló las cuentas de Banco de Valencia del ejercicio 2010, así como las pérdidas incurridas en ese ejercicio y el siguiente, ya que de lo contrario la normativa le hubiese exigido una reexpresión de las mismas.

Así lo ha puesto de manifiesto García Ayuso durante la quinta sesión de la fase pericial del juicio que investiga irregularidades en la salida a Bolsa de Bankia en julio de 2011, que se celebra en la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid).

García Ayuso, que ha hecho de portavoz de los peritos del socio auditor de Deloitte, Francisco Celma, ha tildado de "absolutamente falsas e inconsistentes" las tesis de los peritos judiciales del Banco de España Víctor Sánchez Nogueras y Antonio Busquets al decir que en 2011 se afloraron deterioros que procedían de 2010.

Según ha justificado, los propios actos del FROB demuestran que las cuentas y las pérdidas incurridas en 2010 eran correctas y que las de 2011 corresponden a dicho ejercicio.

"El FROB, cuando se hace cargo de la gestión de Banco de Valencia y formula las cuentas del ejercicio 2011, no reexpresa las de 2010, que a efectos comparativos aparecen en los estados financieros. Que el FROB no reexprese las cuentas de 2010 significa que entendió que no había errores o lo habría señalado y corregido las de 2011 con el impacto de esos deterioros, pero no lo hizo", ha recordado García Ayuso.

Le defensa de Celma le ha preguntado entonces si hubiese sido una obligación reexpresar las cuentas de haber llegado a la conclusión de que los deterioros de 2011 correspondían a 2010, a lo que el perito ha respondido de manera afirmativa.

"Es una exigencia de la normativa, la no reexpresión haría que las cuentas de 2010 no mostrasen la imagen fiel y que las cuentas de 2011 tampoco, y el FROB, como máximo responsable de asegurar que las cuentas del Banco de Valencia del 31 de diciembre de 2011 mostraran la imagen fiel, hubiera reexpresado las de 2010 para recoger los deterioros. Al no hacerlo, el FROB decidió que las cuentas mostraban la imagen fiel", ha sostenido.

Estas declaraciones se enmarcan en la polémica de sesiones anteriores por la que los peritos judiciales acusan a los gestores de BFA-Bankia de aflorar en 2011 deterioros correspondientes a 2010 para manipular el folleto de salida a Bolsa.

En esta línea, los peritos judiciales del Banco de España aseguraron en sesiones anteriores que era "imposible" que se desconocieran los deterioros de Banco de Valencia e indicaron que a 31 de diciembre de 2010 existían deterioros no reconocidos relacionados con operaciones pendientes de reclasificar de normal a dudosos, provisiones que se debían de dotar e intereses que tenían que dejarse de imputar a las cuenta de resultados.

Durante su intervención, García Ayuso también ha puesto de manifiesto que el informe con fecha 12 de abril de 2012 que realizó EY por encargo de la CNMV para garantizar el ajuste definitivo de la combinación de negocio "invalida por completo las conjeturas que han planteado los peritos judiciales", ya que EY "llega a la conclusión de que el ajuste de la combinación de negocios se valoró de manera correcta".

Según ha reiterado el perito contratado por Deloitte, la normativa --la circular 4/2004 del 22 de diciembre del Banco de España-- dice que, tras la fecha de combinación de negocio, el adquiriente tiene un plazo de un año para ajustar deterioros contra reservas que no fueran conocidos.

En esta línea, García Ayuso ha recordado que hacer uso del periodo permitido por la normativa para realizar el ajuste de la combinación de negocio no era excepcional, sino que "todas las sociedades lo hicieron de la misma manera cuando se integraron en un Sistema Institucional de Protección (SIP) en España".

En cuanto a las razones por las que el ajuste no pudo llevarse a cabo con anterioridad, ha explicado que la auditoría de Bankia de 31 de marzo de 2011 ya explica que en esa fecha no existía una integración tecnológica o de sistemas de las cajas. "Tres meses después ya sí estaba integrada y los administradores la podían volcar a las cuentas anuales de 2011", ha señalado García Ayuso.

Los peritos de rato critican el sesgo retrospectivo

A continuación, han sido interrogados los peritos contratados por el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, los catedráticos de la Universidad Carlos III Juan Zornoza Pérez, Miguel Ángel Tapia Torres y Juan García Lara.

A preguntas del abogado del expresidente de Bankia, Zornoza ha vuelto a cargar contra el "sesgo retrospectivo" de los peritos judiciales a partir de una evidencia. "Es muy fácil ser muy sabio cuando los hechos ya han sucedido, porque cuando uno conoce cuál es el desenlace final que ha tenido un determinado evento tiende psicológicamente a imputar ese resultado final a lo que ocurrió con carácter previo, sin que necesariamente exista ninguna relación de causalidad", ha explicado.

Por su parte, García Lara ha apuntado que las pérdidas esperadas que se identifican en la puesta a valor razonable y que están reflejadas en la memoria son pérdidas futuras que se estiman no para un activo específico, sino para la cartera de activos. "La cuestión relevante es que en el futuro, cuando hay una pérdida real incurrida, la entidad no puede volver a reconocerla otra vez, porque ya lo ha hecho", ha justificado.

Por otra parte, han recordado que los inspectores del Banco de España estaban permanentemente en las instalaciones de Bankia y "no hay evidencia" de que los gestores y los trabajadores de la entidad no colaboraran como debían y no actuaran con los inspectores, pues lo contrario habría derivado en procedimientos sancionadores que no se abrieron.