El panel de recursos de la Junta Única de Resolución (JUR) ha ordenado que se desclasifiquen nuevos pasajes sobre la resolución del Banco Popular, y ha afeado al organismo por no cumplir con el dictamen, emitido hace justo un año, en el que ya obligaba a levantar la censura de varios de estos apartados.

Según consta en el escrito conocido hoy, el órgano requiere a la JUR para que cumpla con su deber de transparencia y haga públicos ciertos aspectos tanto del primer informe de Valoración elaborado por Deloitte como del Plan de Resolución de 2016 del grupo financiero, a fin de facilitar el acceso de los perjudicados a la información.

En junio del año pasado, el panel aceptó ampliar los detalles sobre la salida de depósitos que vivió el Popular entre mayo y junio de 2017, así como las memorias del banco en relación a los procesos privados de venta que barajaron para salvarse, al entender que incluso suponiendo que pueda haber algunos pasajes "sensibles para fines comerciales", su divulgación no causaba daño alguno.

La decisión también afectaba al plan de resolución y a los informes de pasivos y funciones críticas de 2017 que solicitaron los recurrentes.

Sin embargo, este órgano de recurso considera ahora que "no se cumplió por entero" con lo dictado hace doce meses, y da la razón a los afectados, representados por el despacho de abogados B. Cremades y Asociados.

Además, refuta los argumentos de la JUR, que se manifestó en contra de ampliar la información sobre la fuga de depósitos, ya que ciertos datos sobre la liquidez, lejos de ser relevantes para el caso, "pueden dar lugar a especulaciones e influir en el comportamiento de otros mercados".

En este sentido, el panel concluye que las razones alegadas son meras "hipótesis", pues "no aclaran cómo ni por qué revelar dicha información podría llevar a conclusiones erróneas sobre cómo habrían de realizarse en el futuro los procesos de resolución".

La primera versión de los trabajos sobre el Popular se conoció en febrero de 2018, cuando salieron a la luz partes del primer informe de valoración de la entidad realizado por Deloitte.

En él, la consultora cifraba el agujero del banco en entre 11.800 millones de euros en el mejor escenario y 20.600 millones en el peor, antes de la resolución y venta al Santander a precio de saldo el 7 de junio de 2017.

Meses más tarde, el tercer informe de la firma cifraba en 23.400 y 34.100 millones las pérdidas que habrían sufrido los acreedores en el mejor y peor de los casos, respectivamente, y añadía que la insolvencia ordinaria habría generado unas pérdidas de entre 1.800 y 2.200 millones de euros para el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).