Imagen de un peaje de una autopista española.

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El pago por uso gana peso como alternativa frente al déficit en la inversión en obra pública

Tanto desde el sector público como desde el privado se cree que en la próxima legislatura comenzará un proceso concesionario.

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La inversión pública española es una de las víctimas que aún hoy sufre las consecuencias de la crisis económica que explotó en 2008. En esta década, a diferencia de otros indicadores que han conseguido acercarse a los niveles previos a la crisis, la inversión en infraestructuras no sólo está lejos de 2008, sino que no llega a niveles del año 2000.

En concreto, durante el pasado año la inversión pública llegó a los 26.000 millones de euros. Una cifra que supone un 57% menos respecto del máximo de la serie histórica española que se consiguió en 2009, cuando se alcanzaron los 56.900 millones de euros. Con respecto al año 2000, aún estamos un 19% por debajo de la inversión alcanzada en el comienzo de la década.

Esta falta de inversión choca con la creciente necesidad que las infraestructuras españolas tienen en materia de mantenimiento. Pese a ello, la finalización de los ejes pendientes de la alta velocidad se va a llevar gran parte del esfuerzo inversor del Estado. Tanto las conexiones de alta velocidad de Madrid con el País Vasco como el corredor del Mediterráneo aún acapararán importantes inversiones en los próximos años.

Del mismo modo, las redes ferroviarias de Cercanías van a recibir un importante apoyo a corto plazo tanto en lo que respecta a las infraestructuras como al material rodante. Esta situación deja a la red de carreteras como máxima damnificada. Unas infraestructuras que desde el sector llevan años señalando la necesidad de aumentar la inversión en su mantenimiento

En este contexto, tanto desde la parte pública como desde la privada comienza a imponerse cierto consenso por abrir la vía del pago por uso para conseguir los ingresos necesarios para mantener estas infraestructuras. Un proceso concesionario que debería iniciarse durante la próxima legislatura y que, a día de hoy, está totalmente estancado.

La licitación pública de concesiones alcanzó durante 2018 los 97 millones de euros, lo que supone un descenso del 1% en relación al año anterior, muy alejado de los 10.300 millones que se alcanzaron en 2010 según recoge el Informe Estadístico Construcción e Infraestructuras 2018-2019 de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan).

Por su parte, la licitación pública de obra civil creció un 34% el pasado año, hasta los 11.203 millones de euros, impulsada por el Ministerio de Fomento. Por su parte, la contratación pública aumentó un 40%, hasta alcanzar los 7.131 millones de euros, aunque, en ambos casos, estas cifras representan la mitad del volumen de 2007 y continúan en niveles próximos a los mínimos históricos.

Con respecto a la licitación pública de edificación, creció un 19% hasta 5.560 millones promovida por las infraestructuras de equipamiento social. En relación a la contratación pública, el incremento ha venido motivado por el avance del Estado vía el Ministerio de Fomento, que llegó a los 2.200 millones de euros y de las administraciones locales, que alcanzó los 2.500 millones de euros en 2018.

El gasto social condiciona todo

En el informe de Seopan, se analizan los efectos de la consolidación fiscal en lo relativo a la reducción del déficit público, poniendo de manifiesto que este proceso se ha centrado, fundamentalmente, en la reducción de la inversión pública hasta situarse en los niveles actuales de mínimos históricos. España invierte 30.900 millones de euros menos que en 2007 debido a las prioridades de gasto social condicionan cada vez más la inversión pública. En 2018, las partidas de protección social, salud y educación, totalizaron 321.130 millones representando el 64,3% del gasto público total.

Esta situación, según revela el informe, ampliará la brecha inversora con las cuatro mayores economías europeas (Alemania, Reino Unido, Francia e Italia), ya que, en el periodo 2019/2020, España invertirá 50.863 millones de euros menos que estos países, una diferencia del 63%.

Actualmente, en infraestructuras de salud, nuestro país invierte un 20% menos por habitante, 52 euros frente a los 65 euros de estos países. En infraestructuras de educación la brecha llega al 62%. En lo que respecta a infraestructuras de protección del medio ambiente, un 45% menos y en infraestructuras de transporte, un 40% menos. España va a tener además el menor ratio de inversión pública por habitante de toda Europa: 1.152 euros por kilómetros cuadrado por millón de habitantes.

En este contexto, la actividad concesional se presenta como la principal alternativa al presupuesto público para cumplir las necesidades de inversión que tiene España. "Es imprescindible recuperar la colaboración público-privada como modelo de financiación extrapresupuestaria para resolver el déficit inversor, ya que las prioridades de gasto social, la reducción de la deuda pública y el pago de sus intereses no permitirán en los próximos años atender las necesidades de inversión de infraestructuras con cargo a los presupuestos públicos", señala Julián Núñez, presidente de Seopan.

Una cuestión para la que se presentan vitales los pactos tanto nacionales como autonómicos que se cierren tras las próximas elecciones del 26 de mayo. El pago por uso es una medida que no se ve con malos ojos desde PSOE, PP o Ciudadanos. En cambio, tanto en el lado de Podemos como en el de los partidos nacionalistas vascos y catalanes parece complicado que se apoye este tipo de solución.

Así las cosas, aunque parece complicado que veamos una solución a este problema durante 2019, la próxima legislatura marcará las guías de la estrategia que el Estado español toma en la conservación de sus infraestructuras.