Cabify refuerza su apuesta por la movilidad y da un paso más en la compra de licencias VTC. Un cambio de estrategia respecto a su negocio tradicional que viene motivado, en buena medida, por los cambios legislativos aprobados en Barcelona y Valencia. Así que para readaptar su modelo de negocio ha decidido integrar las licencias de uno de sus principales proveedores: GAT Inversiones. 

Se trata de la compañía del empresario Rosauro Varo, que acumula más de 2.000 licencias que se han valorado en 32 millones de euros. Una cantidad que, a su vez, se utilizará para la adquisición por parte de GAT Inversiones de un porcentaje mayor del que ya tenía en Cabify. En total, su inversión en la plataforma pasa de cinco millones de euros a 37 millones de euros, lo que le convierte en un "inversor relevante" de la plataforma, según dice el comunicado emitido. 

La operación se ha anunciado este viernes a última hora, y ambas compañías recuerdan que "comparten el compromiso con la creación de más opciones de movilidad, con la capacidad de elegir para los usuarios y con una mayor generación de empleo, pese al cambiante entorno regulatorio, así como con el sector de las VTC y con el empleo". 

Con este movimiento, Cabify se refuerza ante la posibilidad de que haya nuevas legislaciones autonómicas que le obliguen a tener que convertirse en una empresa de Vehículos de Alquiler con Conductor (VTC), tal y como ha ocurrido en Cataluña. Allí oferta sus servicios a través de una de sus filiales, Prestige & Limousine, que ostenta cerca de 300 licencias en la Ciudad Condal. 

Los vehículos de GAT Inversiones en Barcelona también trabajarán en la ciudad bajo el nuevo modelo de operativa de la compañía. Sus coches pararon después de que la Generalitat de Quim Torra lanzase un decreto destinado a destruirles. 

El modelo Barcelona

¿Cómo es el nuevo modelo? En Cataluña ya ha comenzado a funcionar como una VTC tradicional, ofreciendo un sistema de contratación similar al que ofrecen -por ejemplo- algunas empresas a cadenas de televisión. Es decir, un contrato a largo plazo a partir del cual se van solicitando los servicios a medida que se necesitan.

El quid de la cuestión está en la diferencia que se establece -a tenor de los abogados de Cabify- entre “contratación” y “solicitud” del servicio. Una diferenciación que viene fijada en el Real Decreto aprobado en noviembre por Fomento, y en el que autoriza a las Comunidades a “desarrollar la normativa respecto de condiciones de precontratación y solicitud de servicios de forma separada, dando a entender que son cuestiones distintas”.

"Con esta operación, Cabify vuelve a mostrar la fortaleza de su modelo de negocio diferencial, sostenible, basado en la tecnología y volcado en el servicio al usuario", señala el comunicado emitido.