La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sancionó la semana pasada a 15 empresas y 14 directivos por repartirse de manera ilícita concursos públicos convocados por Adif valorados en más de 1.000 millones. En concreto, licitaciones relacionadas con sistemas de electrificación y electromecánica para las líneas de tren convencional y de alta velocidad ferroviaria. 

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Esta sanción tiene una gran novedad: por primera vez, la CNMC activó el procedimiento para la prohibición de contratar con la Administración. Esto quiere decir que, en el momento que haya una sanción firme, además de ser multadas estas empresas no podrán participar en licitaciones públicas por un periodo marcado en la sanción. Una decisión sin precedentes que es una de las novedades de la Ley de Contratos públicos de 2015.

La decisión de Alstom y Siemens de acogerse al "programa de clemencia" ha permitido a ambas empresas librarse de esta prohibición que, en cambio, si acecha al resto de involucradas: Cobra, Elecnor, Semi, Inabensa, Cymi, Isolux, Electren, Comsa, Indra, Neopul, Telice, Eym y Citracc.

La compañía ferroviaria francesa y la alemana han colaborado con la investigación aportando información que implicaba a otras empresas y reconociendo su participación. Una decisión que, además, les ha reportado otra gran ventaja: los directivos implicados se liberan de las potenciales penas de cárcel

Al ser cuestionados por este asunto por este diario desde Alstom han declarado que se rigen "bajo el código de ética, cumpliendo con todas las leyes y regulaciones aplicables en aquellos países en los  que opera. La prohibición de prácticas anticompetitivas está expresamente recogida en las normas internas de Alstom. Alstom busca constantemente la mejora  de su programa de compliance implementando las mejores prácticas, tanto en las normas como en los procesos. Alstom ha sido de las primeras compañías en el mundo en obtener la AFAQ ISO 37001, certificación emitida por AFNOR tras una auditoria llevada a entre Marzo y Mayo de 2017".

Por su parte, en Siemens han querido comentar que han "sido informados de la decisión emitida por la CNMC en relación a los proyectos de electrificación ferroviaria en España. Siemens muestra tolerancia cero hacia la corrupción, la violación de los principios de una competencia justa, así como otros incumplimientos de la ley".

La decisión de la CNMC impone una sanción conjunta de 118 millones de euros a las empresas implicadas. Además, los directivos responsables de tales conductas deberán hacer frente a una sanción en conjunto de 666.000 euros.

Comienza un camino desconocido

La inminencia de grandes contratos ferroviarios como el gran pedido de trenes de Cercanías, valorado en más de 2.700 millones y que se debería resolver antes de final de año, ha podido jugar un papel importante en la decisión de Alstom y Siemens. Pese a que las sanciones sólo serán efectivas cuando sean firmes, algo para lo que puede pasar años, su colaboración les permite ir a este y otros contratos sin un manchón en su currículum. 

Dicho esto, el proceso comienza ahora un camino desconocido y en el que nadie se atreve a aventurar cuánto tiempo ni qué repercusiones concretas tendrá. Ahora es turno de que el Ministerio de Industria coja el toro por los cuernos y, por primera vez, cuantifique cuánto tiempo quedará sin poder participar en concursos con la Administración una empresa involucrada en este tipo de prácticas.

Una decisión que sentará un precedente y punto de partida para el futuro, ya que no será la última vez que nos enfrentemos a sentencias de este tipo. Además, ahora comienza todo el proceso de recursos. Un periodo en el que tampoco se puede predecir cuánto tiempo tardaremos en tener una sentencia firme.

Al margen de las cuestiones económicas y el periodo en el que no podrán contratar, las empresas se enfrentan a una sanción aún mayor, la reputacional. Las multas económicas tienen un peso limitado de cara a concursos en otros países. En cambio, la prohibición de contratar en un país es una sanción mucho más grave que, incluso, puede hacer que estas empresas no puedan participar en concursos internacionales.

Adif pedirá indemnizaciones a las empresas del cartel

Otro de los grandes afectados por este caso es el propio Adif. El administrador de infraestructuras ferroviarias español ha querido mostrar su malestar con la situación y dejar claro que no conocía ni participaba en el cártel: "Ni Adif ni Adif Alta Velocidad han tenido participación alguna en las conductas sancionadas, ni estas han sido consentidas por ninguna de las dos entidades, como se desprende de la propia resolución de la CNMC".

Para reforzar esta idea, Adif se remite a la resolución de la CNMC. "Los hechos acreditados ponen de manifiesto que en cada uno de los mercados analizados nos encontramos ante acuerdos entre competidores tendentes al reparto de contratos y que se aprecia una intención manifiesta de ocultar esos acuerdos privados a la administración contratante y al mercado en general… (pág. 160 de la resolución de la CNMC). La intención de esas prácticas no es otra que simular la concurrencia en la contratación pública y por ello se realizan con el desconocimiento de la administración contratante y del resto de las empresas licitantes que no forman parte de los acuerdos” (pág. 175)".

A raíz de la resolución de la CNMC, Adif va a desarrollar una serie de actuaciones tendentes a resarcirse de los posibles daños y perjuicios causados y al reforzamiento de los controles existentes para evitar que se repitan hechos similares.

El administrador recalca que las conductas sancionadas pueden haber supuesto una serie de daños y perjuicios para Adif y Adif AV de los que ambas entidades pretenden resarcirse. Por ello, Adif pretender reclamar a las empresas sancionadas los daños y perjuicios que sus conductas les haya ocasionado, con especial atención "al impacto que las mismas hubieran producido respecto de los fondos europeos que han financiado parte de los contratos adjudicados a las empresas sancionadas".

Además, Adif ha anunciado su intención de licitar un contrato para la realización de un informe especializado que determine los daños y perjuicios que las conductas sancionadas hayan supuesto a las entidades contratantes. 

En lo que respecta a las medidas de control, Adif va a incluir en sus futuros pliegos una nueva condición de ejecución. Las empresas que resulten adjudicatarias asumirán como obligación que su participación se realizará de forma íntegra, ética y evitando la comisión de cualquier tipo de fraude. Estas medidas incluirán penalizaciones que podrán llegar hasta el 50% del precio del contrato e incluso a su resolución.

Así las cosas tanto CNMC como Adif, tras los últimos escándalos han decidido pasar a la acción. Ahora sí, parece que podrán decir eso de que "el que la hace la paga".