Si nadie hace nada para evitarlo, el 1 de enero de 2020 entrará en vigor un nuevo recorte a la retribución de los productores fotovoltaicos, que pasará del 7,39% al 4,5% y supondrá un drama para el sector. En el Foro de Debate Presente y Futuro de la Energía en España: La urgencia de armonizar el consenso político para ofrecer una solución urgente a los productores fotovoltaicos, representantes de PSOE, PP, Ciudadanos, Unidas Podemos - Equo y UPN se han puesto de acuerdo en algo: no pueden quedarse de brazos cruzados.

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Miguel Ángel Martínez-Aroca, presidente de la Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos (Anpier) ha lamentado que "si aplicamos la fórmula escrita, tendríamos que soportar un recorte adicional" a pesar de que expresó su certeza de que hay una voluntad política en sentido contrario. 

Juan Juncal, del Partido Popular, ha señalado que su partido "estará en ese compromiso por mantener una retribución razonable" y ha reconocido que “hay que defender la reindustrialización del país y tener una tarifa eléctrica competitiva que es en lo que estamos fallando”. 

Desde el PSOE, la diputada Patricia Blanquer ha recordado que el Gobierno ha elaborado un anteproyecto de ley que tiene en cuenta “la rentabilidad que plantea la CNMC”. “Lo que se propone es en función del coste financiero en el momento de la inversión”, ha especificado Blanquer. 

Ha sido precisamente ese anteproyecto de ley el que han visto como positivo todas las formaciones presentes en el foro. De hecho, una enmienda presentada por UPN a los Presupuestos Generales del Estado iba un paso más allá.

En la jornada se llegó a dejar claro que si el Gobierno quisiera llevar al consejo de ministros un Real Decreto con el texto de dicho anteproyecto, tendría mayoría suficiente para su convalidación, y quedó claro que la situación de los pioneros de las inversiones fotovoltaicas en España es suficientemente grave como para que se encuentre una solución que justifique la urgencia de un Real Decreto.  

Juantxo López, diputado de Unidas Podemos-Equo, ha apelado al “desconocimiento” que existe en materia de autoconsumo. López ha reclamado menos burocracia y ha señalado que su formación está de acuerdo con el Real Decreto que plantea el Gobierno. 

“Nuestra propuesta es la misma que trasladamos en la enmienda del decreto. Creemos que para las instalaciones anteriores a 2013 se debería congelar la retribución”, ha indicado Melisa Rodríguez, de Ciudadanos. Rodríguez ha afirmado que su formación “está dispuesta a negociar porque el sector energético no es un sector donde uno pueda cambiar las normas de un día para el otro”.

Pachi Yanguas, de UPN ha señalado que su formación quiere “que no haya más recortes, que no los haya el 1 de enero”. Yanguas ha apelado a la inestabilidad regulatoria, de la que ha asegurado que “hay que huir”. En esta línea, Yanguas ha criticado que se siga hablando de “déficits de tarifa” porque no sirve de mucho, y ha recordado que "todo esfuerzo inútil conduce a la melancolía", citando al filósofo y ensayista José Ortega y Gasset.

Consenso político

El presidente de Anpier ha explicado que a los productores fotovoltaicos que representa les valen “todas las fórmulas” que han puesto sobre la mesa los partidos políticos. “Veo que vais en la misma dirección pero se colapsa en la aprobación”, ha lamentado.

Miguel Ángel Martínez-Aroca se ha dirigido en especial al partido que ocupa el Gobierno y ha explicado que “sin estabilidad regulatoria nadie va a creer en el modelo de renovables”. “Tenéis el apoyo de los partidos y del sector fotovoltaico”, ha expresado.

¿Conclusión? En una situación de urgencia digna, en este caso claramente, de un Real Decreto, el pasado de la regulación energética y las trabas partidistas no deben colapsar la buena voluntad de todas las partes de garantizar que los pioneros de la energía fotovoltaica consigan sobrevivir. Si se consigue, habrá valientes que se atreverán a seguir haciéndolo en el futuro y, en palabras del director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, habrá más competencia en el mercado, de la que el consumidor será el máximo beneficiario.