Unauto, la patronal de las VTC, se ha quedado sin respuestas. Damià Calvet, el consejero de movilidad que ha exterminado a Cabify y Uber en Cataluña, ya ni se molesta en responder las solicitudes de información de la patronal del sector, que ante el silencio administrativo ha optado por ignorar el registro impuesto por la Generalitat y utilizar sólo el de Fomento, que entró en vigor el pasado 1 de marzo.
En una carta remitida por Unauto Cataluña a Calvet, y a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el presidente de la patronal, Josep María Goñi i Allet, lamenta que no ha recibido respuestas de dos peticiones de información en las que solicitaban ayuda para poder aplicar los decretos ley catalanes publicados el 3 de agosto de 2017 y del 31 de enero de 2019, que han provocado la desaparición de las plataformas en esta comunidad autónoma.
En estas solicitudes de información, Unauto critica que “entre los pocos asociados que se atreven a operar en el marco del nuevo decreto ley hay una gran confusión sobre dónde deben registrarse los servicios”. No saben si debe hacerse en el de la Generalitat, el de Fomento o ambos al mismo tiempo.
En la petición de información habían recordado a Calvet que las competencias en materias de telecomunicaciones pertenecen exclusivamente al Estado y que la Generalitat debería desarrollar la normativa existente con alguna orden o resolución para “aclarar conceptos, resolver el desorden actual y operar con relativa normalidad”.
Visto que la Generalitat ha dado la callada por sorpresa, “le informo de que a partir de hoy, con efecto el 4 de marzo de 2019, hemos comunicado a nuestros asociados la obligación de registrar sus servicios en el registro del Ministerio de Fomento y no el de la Generalitat de Cataluña”.
En dicha carta, Unauto insiste en que las competencias de geolocalización y registro electrónico son exclusivas del Estado, que el tiempo mínimo de precontratación de 15 minutos es inconstitucional “porque atenta contra la libre empresa y el derecho mercantil” y que el retorno a la base ya fue derogado por el Supremo. Por todo esto, “el decreto del 29 de enero es inconstitucional, vulnera de manera flagrante los derechos de los ciudadanos y de nuestros afiliados y causa graves prejuicios económicos y sociales”.
“Por todo ello, he dado las órdenes necesarias para salvaguardar la legalidad vigente, defender el derecho a decidir de la ciudadanía en materia de movilidad y pedir las compensaciones correspondientes en concepto de daños y perjuicios causados por el cese forzado de la actividad, el cierre de nuestras empresas y los despidos de miles de trabajadores”, concluye Josep María Goñi i Allet.