Torres de electricidad.

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Empresas ENERGÍA

País Vasco anulará un concurso público tras la denuncia de Endesa e Iberdrola

Las compañías eléctricas consiguen que se anule la licitación, mientras que se les resiste Madrid en estas batallas.

18 febrero, 2019 02:08

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La historia se repite. Endesa e Iberdrola han vuelto a lograr que se anule un concurso público tras denunciar que no pueden competir libremente. En concreto, las eléctricas presentaron un recurso contra los pliegos del contrato “Suministro de energía eléctrica para los edificios y garajes del Parlamento Vasco”, tramitado por este organismo y valorado en 320.500 euros.

En concreto, el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Euskadi defiende, en una sentencia a la que ha tenido acceso este periódico, que hay requisitos en el pliego -los que eléctricas señalan- que no son aceptables por ser contrarios "a los principios de igualdad de trato y salvaguarda de la libre competencia". Este tribunal es el mismo que, el pasado diciembre, obligó a anular otro concurso público en Vitoria por un motivo similar.

Pero, ¿qué requisito es el que critican las eléctricas? Se trata de una cláusula que establece como obligación contractual disponer de la etiqueta A expedida por la CNMC, que garantiza que la energía comercializada es 100% de origen renovable.

"Dicha cláusula no es conforme a derecho, ya que no está vinculada al suministro de energía objeto de contratación sino a los suministros realizados con anterioridad. Por ello debe declarase nula", alegan desde las compañías. En concreto, según señala la eléctrica presidida por Borja Prado en su recurso, Endesa no tiene la citada etiqueta y sin embargo tiene una capacidad de comercialización "muy superior" a la que la ejecución del contrato precisa, "pudiendo darse la paradoja de que una empresa con menor capacidad acreditable acceda a la licitación por ostentar la etiqueta mientras se excluye a la recurrente".

Según defienden Endesa e Iberdrola, no es posible diferenciar el origen renovable o no renovable de la electricidad consumida, pues en la red de transporte y distribución se mezclan las producidas por todas las instalaciones, con independencia de su procedencia u origen. El etiquetado, indican, solo cumple la finalidad de informar a los consumidores finales del “mix de comercialización” teórico de cada comercializadora en función de las garantías de origen compradas a los productores de energía renovable.

Contrario a los principios de la libre competencia 

Para el tribunal, puede concluirse que "la intención del poder adjudicador es que solo pueda ser adjudicataria del contrato una empresa que en el último año del que consten datos haya vendido exclusivamente energía de origen íntegramente renovable, requisito que se acreditaría mediante la etiqueta A, lo que los recurrentes consideran una “barrera de entrada” que les impide ilegítimamente el acceso al contrato". 

El Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Euskadi recoge en su sentencia que, como demandan las eléctricas, es posible que una empresa que tenga la etiqueta A haya vendido en el año anterior una cantidad de energía "muy inferior" a la que se desea adquirir por el poder adjudicador en el contrato debatido la cual, por lo tanto, podría llegar a superar su capacidad de suministro.

Para el tribunal, este requerimiento no es aceptable por ser contrario a los principios de igualdad de trato y salvaguarda de la libre competencia. "No se alcanza a entender por qué es solvente técnicamente la empresa que ha vendido un volumen muy pequeño de energía renovable que, sin embargo representa la totalidad de sus ventas, y no lo es otra que ha vendido un volumen muy grande de dicha energía, aunque además haya vendido energía procedente de otras fuentes", reza la sentencia, que continúa: "Dicho de otra forma, no hay razón para pensar que el hecho de vender energía de varios orígenes anule o disminuya la capacidad para suministrar energía renovable (y solo renovable) para un cliente o contrato concreto".

En definitiva, el tribunal solicita la cancelación del procedimiento de adjudicación por impedir a Endesa e Iberdrola el acceso al contrato para que puedan, en su caso, presentar su oferta en una nueva licitación. Para el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Euskadi, los requisitos del pliego que denuncian las eléctricas se basan en razones "arbitrarias y discriminatorias", atentando contra el principio de igualdad sin que importe que el número o porcentaje de las empresas discriminadas sea grande o pequeño. 

Las eléctricas batallan... pero no pueden con Madrid

No es este, ni el de Vitoria, los únicos concursos que han recurrido las grandes eléctricas. Endesa interpuso además un recurso contra una licitación del Ayuntamiento de Tudela (Navarra), por lo que el Consistorio anuló la licitación y convocó otra licitación sin etiqueta A, aunque alegó que lo había hecho por detectar errores. Además, las compañías recurrieron también un concurso de la Diputación de Barcelona el pasado enero, aunque todavía están a la espera de la resolución del Tribunal Català.

Donde no consiguen la anulación de los concursos, de momento, es en MadridDestaca el "acuerdo marco para el suministro de energía eléctrica renovable para edificios municipales y equipamientos del Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos (4 lotes)", por valor de 82 millones de euros. En este caso, el recurso que presentaron Iberdrola, Endesa y Naturgy consiguió eliminar que esta etiqueta A fuera un criterio de evaluación y diera cinco puntos de ventaja, por lo que el Consistorio lo convirtió en criterio de solvencia técnica.

No obstante, en abril, el Tribunal Administrativo de Contratación Pública dio la razón al Ayuntamiento presidido por Manuela Carmena, pero las compañías han vuelto a recurrir. Ahora mismo, es el Tribunal Superior de Justicia de Madrid quien está trabajando en el caso.

Además de este caso, Naturgy y Endesa acaban de sufrir otro revés de este tribunal en el concurso por la electricidad 'verde' de la M-30 tramitado por Madrid Calle 30, como adelantaba este viernes El Confidencial. Las razones de la impugnación eran las mismas que en el resto de los concursos, la exigencia de la etiqueta A, pero el organismo ha desestimado los recursos de las eléctricas.