La denuncia que la Plataforma Integral del Taxi (PIT) ha presentado contra las principales empresas de VTC, así como contra Uber y Cabify por daños y perjuicios a los taxistas, contempla también una serie de actuaciones contra algunas compañías. En concreto, contra Maxi Mobility Inc y Maxi Moblity Spain, que son la matriz y la empresa con la que opera en España Cabify.
En el escrito presentado al juez, el abogado Elpidio José Silva, solicita que el juzgado que solicite diversa documentación que considera esencial en la demanda que adelantó EL ESPAÑOL. Asegura que pese a “controlar gran parte del mercado de intermediación de servicios mediante VTC” declara en 2017 pérdidas de 5,1 millones de euros pese a tener unos ingresos de 78 millones.
Así que insta al juzgado a que solicite el “detalle de los ingresos de explotación”, el “margen estimado de intermediación del 20%” y “en qué coste de Seguridad Social efectivo incurre el servicio prestado de VTC” que intermedia Maxi Mobility Spain SLU.
Ingresos y gastos
También quiere que Maxi Mobility Spain aporte “detalle la partida de aprovisionamientos”, indicando los coches que opera la compañía, las licencias, los conductores y sus salarios, etc. En definitiva, todos los gastos que tiene la empresa con los que justifique ese margen estimado de intermediación del 20%.
No es la única documentación que los taxistas exigen a la empresa a través del juez. Quieren también que aporte el detalle de las transacciones “con partes vinculadas con indicaciones de la tipología de servicio”. A juicio del letrado esto servirá para “acreditar” la cifra estimada de ingresos y beneficios del sector VTC en su cojunto.
Teniendo en cuenta que Maxi Mobility tuvo bajo su paraguas algunas empresas que operan con VTC, la denuncia solicita “documentación de precios de transferencia del grupo de los ejercicios 2016,2017 y 2018”. Para ello requiere la entrega de dos documentos: “Master File (para Maxi Mobility INC) y Country File (para Maxi Mobility Spain)”. En ellos debería aparecer una definición de la estructura y organización del grupo, sus actividades, y todos los servicios que supongan -al menos- un 10% de la cifra de negocio.
También solicita que se incorporen acuerdos de repartos de costes, contratos relevantes de prestación de servicios, operaciones de adquisición o cesión de activos, estrategias globales, etc. Todo ello con el objetivo, señala la denuncia, “para que se posibilite contrastar si la cifra de pérdidas de Maxi Mobility, como uno de los principales actores del sector, puede correlacionarse con operaciones a precios de mercado”.
Las empresas afectadas
Por último, y entre otras pruebas que solicita para otras de las empresas del sector VTC a las que demanda, pide también que la Agencia Tributaria explique la forma de tributación de la compañía; si paga o no impuestos fuera de España y en dónde, y que se envíen comisiones rogatorias a dichos Estados para comprobar si existe algún tipo de fraude fiscal o evasión de impuestos.
Las medidas solicitadas contra Maxi Moblity en la denuncia no son las únicas. Aparecen en ella también otras muchas relacionadas con Uber en España, y otros grandes actores de la VTC como Ares Capital, Gesstaxi y Auro. Desde la empresa que gestiona Cabify han declinado hacer comentarios sobre estas informaciones hasta conocer el texto íntegro de la denuncia, y a la espera de que el juez decida si concede o no la petición de información a los demandantes.
La demanda ha sido presentada por un grupo de taxistas a través de la Plataforma Integral del Taxi (PIT) cuyo máximo exponente es el letrado Elpidio José Silva. A él le acompaña el portavoz de Élite Taxi en Barcelona, Tito Álvarez. Juntos han logrado embarcar en el proyecto legal de demandar a los dueños de VTC a más de 750 taxistas.