Telefónica lleva una semana en el ojo del huracán mediático en Perú, mercado latinoamericano en el que opera desde el año 1994 tras adquirir un paquete de control de la empresa pública de telefonía local. La compañía fue denunciada por una trabajadora por no entregar información del registro de llamadas de Keiko Fujimori, política implicada en el caso Odebrecht, uno de los más sonados de los últimos años en todo el continente americano.

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Silvana Castagnola denunció hace una semana en un programa de televisión de máxima audiencia en Perú, que Telefónica no entregó el registro de llamadas de Fujimori solicitado por el fiscal, porque éste ya había superado los tres años que se exigen para conservarlos. Agregó, además, que su jefe le ordenó que eliminara esta información. 

En Telefónica han indicado en todo momento que han cumplido con la ley peruana que obliga a que "todos los operadores de telecomunicaciones conserven el registro de llamadas por un período de al menos tres años después de producirse", y que ese es el registro que ha ido entregando a la justicia. "Telefónica siempre ha colaborado con la justicia entregando en cada pedido y sin distinción, la información requerida sobre reporte de llamadas de los últimos tres años, de acuerdo a ley", han dicho.

Visita a la sede de Telefónica

Del mismo modo, la compañía rechazó las acusaciones de "no cumplir con los requerimientos perjudicando el desarrollo de las investigaciones en Perú". La operadora indicó que solo en 2018 se atendieron 13.000 requerimientos de registros de llamadas de instituciones y organismos públicos, y que "no ha borrado información relativa al registro de llamadas como se afirmó en un programa televisivo".

Incluso indicaron que, actualmente, la solución tecnológica que implementan les permite entregar registros de llamadas con información fidedigna y fiable hasta de cuatro años de antigüedad, es decir, “más allá de lo que exige la ley”.

Tras conocerse estas denuncias, el pasado lunes 21 de enero el fiscal que investiga a la líder de la oposición peruana Keiko Fujimori, José Domingo Pérez, visitó la sede de Telefónica en Perú. El fiscal indicó que la empresa "colaboró en todo momento con el registro" y que permitió que la policía y los investigadores tuviesen acceso en todo momento a la información requerida. 

Al respecto, Telefónica indica que ha puesto a disposición de la fiscalía toda la información con la que cuenta, y el acceso a sus sistemas y plataformas. "Estamos seguros que en la investigación iniciada demostraremos que siempre hemos actuado con transparencia e integridad", han indicado.

Caso Odebrecht 

No obstante, el pasado fin de semana el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), Mesías Guevara pidió a la operadora que diese una explicación sobre los hechos. “Considero que Telefónica tiene que dar muchas explicaciones y el Ministerio Público -la fiscalía- debería empezar una investigación al respecto”, dijo a medios locales.

En Perú, Telefónica opera bajo la marca Movistar con casi 16 millones de clientes, lo que les convierte en la primera operadora del país suramericano. Le sigue en el segundo lugar Claro, con algo más de 13 millones de abonados. 

La justicia peruana investiga a Keiko Fujimori por el caso Cócteles-Odebrecht. La fiscalía cree que la política, hija del expresidente Alberto Fujimori, recibió 1,2 millones de dólares de la caja 'b' de la constructora brasileña Odebrecht para la campaña electoral de 2011. En octubre se dictó una orden de prisión preventiva de 36 meses para la líder de la oposición peruana, aunque en enero el juez instructor fue apartado del caso.

Odebrecht es uno de los mayores casos de corrupción de la última década en América, una macroinvestigación liderada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. La constructora brasileña habría repartido sobornos a presidentes, ex-presidentes y funcionarios del gobierno de 12 países: Angola, Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela, durante los últimos 20 años, para obtener contrataciones públicas.