Enagás ha presentado una reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Estado como legislador en la que solicita la devolución de los costes por sus labores de mantenimiento y seguridad del almacenamiento subterráneo de gas Castor, hibernado desde 2013 tras los seísmos ocurridos en las costas de Vinaroz (Castellón) durante el primer llenado de gas.

Fuentes de la compañía indicaron a Europa Press que han valorado esta decisión como la "mejor opción" y subrayaron que seguirán realizando estas tareas, ya que se trata de "un tema de seguridad y responsabilidad".

Esta decisión de la empresa se produce después de que el Gobierno haya decidido finalmente dejar fuera de la orden de peajes y cánones del sistema gasista para 2019 estos derechos de cobro de Enagás, que fueron ya paralizados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a principios de este año tras la sentencia del Tribunal Constitucional de finales de 2017.

En la propuesta de orden que fue sometida a consulta, el Ejecutivo reconocía a Enagás Transporte está cantidad por 8,73 millones de euros en concepto de los costes de mantenimiento y operatividad de Castor, y daba también el visto bueno para que el operador del sistema gasista recuperara las cantidades que no fueron abonadas en los ejercicios anteriores como consecuencia de la sentencia del Constitucional, que ascendía a 17,4 millones de euros.

Sin embargo, en la orden definitiva de peajes y cánones del sistema gasista para 2019, publicada este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Ministerio dejaba definitivamente fuera esta retribución para Enagás.

Según adelanta este jueves el diario 'Cinco Días', la presentación de la reclamación supone un paso previo para iniciar un contencioso administrativo.

RECLAMACIÓN DE LOS BANCOS ACREEDORES.

El pasado mes de abril, Santander, CaixaBank y Bankia formularon ante el Gobierno una "reclamación de responsabilidad del Estado legislador" en la que solicitaban la devolución de la cantidad financiada que todavía no habían recuperado, más los daños causados, por la inversión de 1.350 millones de euros que realizaron cuando se hicieron cargo de la deuda para abonar la indemnización por el cierre del almacenamiento de gas Castor a la sociedad promotora Escal-UGS, participada por ACS.

En su reclamación, las tres entidades ofrecían al Gobierno alcanzar un acuerdo para permitir hacer la devolución de una manera flexible, a fin de evitar un grave impacto en las cuentas del Estado o en los consumidores gasistas.

En diciembre de 2017, el Tribunal Constitucional declaró "nulos e inconstitucionales" algunos artículos del real decreto ley aprobado en 2014 que contemplaba la hibernación del Castor y en el que se reconocía la compensación de 1.350 millones de euros para la empresa promotora Escal UGS.

En su sentencia, el Tribunal no entraba en el fondo de la indemnización que recibió Escal UGS por la decisión adoptada sobre Castor, centrándose más en el fondo de cómo se hizo esa indemnización a través de la aprobación de un Real Decreto de urgencia.

En enero de este año, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) decidió, tras la sentencia del Constitucional, paralizar los pagos a la banca por esta deuda, que ascendían a 6,7 millones de euros mensuales y se abonaban como cargo al sistema gasista.

RECIENTES SENTENCIAS DEL SUPREMO.

Además, hace unas semanas el Tribunal Supremo volvía a dar la razón a la patronal catalana Cecot en el recurso contencioso-administrativo que presentó --en noviembre fue el anterior y también dictaminó a su favor-- y que obligaba al Gobierno a devolver a los consumidores las cantidades abonadas por el mantenimiento y operatividad del almacenamiento subterráneo de gas de Castor.

Cecot calculó que entre la primera y esta segunda resolución se han anulado 118 millones de euros en retribuciones que el Gobierno debe reintegrar a los consumidores de gas.