Uber ha cogido fuerza. Y lo ha hecho tras el último espaldarazo que ha recibido por parte del Gobierno tras el 'decretazo' que salió del Congreso de los Diputados en los que tendrán cuatro años para regular su situación. Tiempo que parece suficiente para seguir operando y esperar a nuevos acontecimientos.

Además, la decisión del Tribunal Superior de Justicia Catalana también ha ayudado a que la compañía continúe expandiéndose. Cabe recordar que el TSJC decidió mantener dicha suspensión después de que el AMB (Área Metropolitana de Barcelona) interpusiese un recurso para poder instaurar las medidas que ellos consideraban oportunas.

Con este panorama, Uber ha decidido poner más coches en las calles barcelonesas, en concreto 200 más. "Con el objetivo de dar respuesta al gran crecimiento de la demanda en Barcelona, más de 200 nuevos vehículos empezarán a prestar servicio a través de Uber en las próximas semanas. Así, las empresas que operan a través de nosotros en la ciudad necesitan incorporar de forma inmediata a 400 nuevos conductores", señalan desde la compañía.

Expansión en el área metropolitana

La nueva flota que va a poner en las calles de Barcelona Uber también ampliará el territorio y Uber lanza UberX en 28 municipios del Área Metropolitana, en el Vallès Occidental (incluyendo Rubí, Sabadell o Terrassa), y en la comarca del Maresme hasta Mataró.

“Nuestro compromiso con Barcelona es firme. Queremos convertirnos en un aliado a largo plazo de todas las ciudades en las que estamos presentes y, para conseguirlo, es esencial la colaboración con el sector del taxi local. Como anunciamos recientemente, queremos abrir la plataforma de Uber al taxi en varias ciudades españolas, entre las que se cuenta Barcelona”, explica Juan Gallardo, director de Uber en España.

Cabe destacar que en toda Cataluña, se espera que aparezcan unas 1.800 nuevas licencias durante los próximos meses. Esto se debe a que dichas licencias solicitadas están tardando en formalizarse porque no han empezado a salir hasta que el Tribunal Supremo sentó jurisprudencia al establecer que deben otorgarse las que se solicitaron en el primer periodo de liberalización, entre 2009 y 2015.