Valorar e informar del impacto del cambio climático en las empresas cotizadas dejará de ser una opción. El Gobierno va a obligar a estas compañías a dar todos los detalles en un informe anual (similar a los informes de remuneraciones) que deberán enviar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En ese documento deberán reflejar con exactitud “la estimación de los riesgos financieros asociados al cambio climático” generados por la exposición de su actividad, así como de “los riesgos de la transición a una economía más sostenible”. Es decir, deberán cuantificar cómo le afecta el calentamiento o enfriamiento global, así como el coste y los riesgos que tendrá el proceso hacia una economía más limpia.
Además, deberán explicar “las medidas que se adopten para hacer frente al cambio climático”. Todo ello en un informe cuyo contenido se desarrollará en el reglamento de la Ley de transición energética que prepara el Ejecutivo, tal y como puede leerse en el anteproyecto de la norma que ya estudian los grupos parlamentarios.
La banca también tendrá que dar explicaciones
Para hacernos una idea de lo que hablamos, podemos coger el ejemplo de una petrolera. Tendrá que detallar su exposición e inversiones en combustibles fósiles. Detallar cómo le afecta el cambio de apuesta hacia las energías renovables en su negocio, los efectos que produce en el medio ambiente su operativa. También las medidas que adopta para reducir su influencia en todo esto (por ejemplo, reconduciendo su negocio hacia la electricidad).
Este documento se hará extensivo también a las entidades financieras que no sean cotizadas. Todos aquellos bancos que sean supervisados por el Banco de España tendrán también que presentar toda esta información. ¿Con qué contenido? Además de su huella climática, con las inversiones que tienen en empresas altamente contaminantes; o en fondos que inviertan en compañías mineras, por ejemplo.
¿Otro contenido que podrían tener? El número de hipotecas que tienen concedidas en zonas costeras que sean susceptibles de padecer un aumento del nivel del mar en los próximos años. Si se produjera, y esas viviendas se vieran afectadas, habría un riesgo de impago por parte de sus propietarios.
Fuentes conocedoras del documento explican a EL ESPAÑOL que la Ley va a establecer las líneas generales; es decir, la obligatoriedad de diseñar el informe. ¿Su contenido? Tardará otros dos años en llegar una vez aprobada la Ley, dado que se desarrollará en el reglamento de la norma.
Los fondos de inversión
De lo que se trata, añaden las mismas fuentes, es de intentar que se generalicen los documentos que han comenzado a elaborar algunas compañías; así como a concienciar de la importancia que tiene la lucha contra el cambio climático. La acción de estas empresas, así como el darlo a conocer, no sólo ayuda a que cumplan con los objetivos que fije la norma, también funciona como ejemplo para el resto de empresas del país.
No es el único cambio que afectará a las empresas cotizadas. La norma que elabora el Ejecutivo también contempla que los instrumentos financieros tengan que pasar un “test de idoneidad” sobre su sostenibilidad. Además, se buscará que el impacto sostenible se utilice a la hora de medir la rentabilidad de los fondos de inversión.
Estos informes que ahora pedirá el Gobierno son cada vez más frecuentes entre las grandes corporaciones. Algunas empresas del Ibex del sector energético, financiero o constructor ya llevan a cabo documentos similares, aunque ahora habrá que ver el detalle que exige la norma.