Tras la luz verde en el Congreso al decreto que limita la actividad de las VTC en las ciudades, el sector del Taxi está preparado para dar el siguiente paso. No se trata sólo de presionar a comunidades y ayuntamientos para que desarrollen las normas correspondientes, se trata de buscar “responsabilidades por una burbuja extraordinaria” que jamás debió producirse en torno al sector de los vehículos de alquiler con conductor.

Así lo dice el abogado de Élite Taxi y la Plataforma Integral del Taxi (PIT), Elpidio José Silva, quien ha explicado a EL ESPAÑOL los próximos pasos que se van a dar. A su juicio es necesario que el sector reclame indemnizaciones por los daños ocasionados por la competencia de las VTC. Por tanto, ya avisa de que habrá “reclamaciones civiles” contra algunos de los operadores del sector del alquiler con conductor.

Para el letrado, el decreto convalidado este jueves “aclara” cuáles son las competencias de cada administración. También ayuda a regular un sector (el de las VTC) que “se aprovechó de una veta legal” para comenzar a operar en una situación de “ilegalidad”. Por tanto, según su criterio, “lograron convertir un pequeño agujero ilegal en un gran agujero de ilegalidad”.

Reclamaciones penales

¿El motivo? Las licencias de VTC tienen carácter nacional, y podían operar con carácter excepcional en el segmento urbano para efectuar trayectos especiales precontratados. Por tanto, “no entraban en colisión con ningún otro sector”, añade. Sin embargo, las nuevas plataformas “confundieron al pequeño propietario de VTC para montar un negocio abiertamente ilegal”.

A la vista de esos acontecimientos, Elpidio José Silva quiere apostar también “acciones penales” contra algunos grandes propietarios del sector. En concreto, quiere lanzar iniciativas contra ellos por “alteración del precio de las cosas con el objetivo de depurar responsabilidades”. ¿Cómo lo hicieron? Mediante la compra de grandes paquetes de licencias muy baratos, generando un sector artificial basado en la ilegalidad, y tratando de obtener el mayor rédito económico con su venta, explica.

Desde la PIT, su coordinador, Tito Álvarez, explica que están dispuestos a llegar hasta el final. "Nuestro objetivo es parar el golpe, recuperar lo que nos pertenece y que nos devuelvan lo que han hecho. No pararemos hasta que paguen por lo que han hecho, y deben hacerlo con cárcel". 

En cualquier caso, su prioridad será ahora la de tratar de lograr que las distintas autonomías comiencen a poner los primeros pasos para regular a las VTC. Y es que el decreto permite ahora que los gobiernos regionales puedan comenzar a decidir sobre cuestiones como precontratación, horarios, tarifas, etc. No será hasta dentro de cuatro años cuando puedan imponer una licencia urbana que saque a plataformas como Uber y Cabify de las ciudades.  

Recortar la moratoria de las VTC

El sector del Taxi ha recibido el mandato de tramitar el decreto de Ábalos como ley con "sabor agridulce". Aun así, aseguran que se aprovechará la ocasión para reducir la moratoria de cuatro años que establece el 'decretazo' impulsado por Fomento para que los ayuntamientos puedan restringir o suprimir licencias.

Según Miguel Ángel Leal, presidente de Fedetaxi, la principal patronal del gremio, aunque el "Gobierno no haya sido capaz de convencer a sus socios para que el decreto no se abriera a tramitación", se abre ahora un "debate interesante" y la "posibilidad de cambiar algunos de sus aspectos". El principal: la moratoria sobre más de 12.000 licencias de VTC para que sigan prestando servicio.

Desde la plataforma MyTaxi estima que la dirección que se ha tomado hoy en el Congreso llevará a "una regulación que permita a todos los actores del sector del transporte que presten un servicio similar competir en igualdad de condiciones".

"La convalidación es un primer paso para construir una regulación justa, con los mismos derechos y obligaciones para todos los actores y que proteja tanto a conductores como a pasajeros", apunta la compañía haciendo hincapié en que el debate sobre la nueva movilidad en las ciudades no acaba en este decreto y que es necesario analizar la situación para que la normativa se adapte a todos los actores.