El sector del Taxi celebra estos días el decreto aprobado por el Ministerio de Fomento con el que se busca regular la presencia de Uber y Cabify en las calles españolas. Consideran que es un éxito de la lucha que mantienen contra las empresas de VTC y que, a partir de ahora, se abre la puerta a los ansiados límites a este tipo de servicio.

La normativa aprobada por Fomento permite a las Comunidades poner en marcha cambios en la reglamentación de forma inmediata, aunque sólo en campos como las condiciones de precontratación, la captación de clientes, horarios obligatorios de trabajo o especificaciones técnicas del vehículo.

Esas reformas son sólo la punta de lanza hasta que dentro de cuatro años las Autonomías puedan implantar sus propias licencias. Es decir, será entonces cuando se pueda lograr el verdadero objetivo del Taxi: que las VTC con que operan ahora Uber y Cabify tengan que obtener una licencia autonómica -e incluso local- para poder operar en las ciudades españolas. Sobre todo en Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, que es donde hay una mayor concentración de unidades.

Advertencia de los abogados

Unos cambios que, aunque tardarán en llegar, son festejados por las organizaciones del sector. Sin embargo, algunos informes internos de las asociaciones -a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL- alertan de que la algarabía pública no debe hacerles perder de vista que el 'decretazo Ábalos’ podría derivar en una gran litigiosidad.

El principal escollo legal que detecta el documento radica en la “habilitación” a las Comunidades Autónomas para regular al sector de las VTC. Recuerda que “existe una prohibición constitucional de delegar facultades relacionadas con la legislación mercantil (contratación) que podría verse afectada”. Y es que, a juicio de los letrados que han elaborado el documento, cada Autonomía podría poner en marcha diferentes reglas que “invadan sus segmentos de reserva de prestación”.

Alerta, además, de que esta habilitación puede suponer un “arma de doble filo” para los taxistas. “Puede ser restrictivo para las VTC o ser extensivo de sus servicios respecto a los hasta ahora reservados al taxi”, apunta. ¿Un ejemplo? Que se habilitasen paradas específicas para VTC como las que ya existen para los taxistas, o que puedan coger pasajeros a mano alzada.

Otra de las preocupaciones para los taxistas radica en la fórmula escogida para elaborar esa “habilitación” competencial a las Comunidades. En línea con lo avanzado por informes jurídicos del sector de las VTC, los abogados del Taxi recuerdan que “es difícil deslindar” la necesidad de hacer ese traspaso con la redacción de una Ley Orgánica, tal y como requiere el artículo 150 de la Constitución.

¿Medidas constitucionales? 

Los abogados del sector también muestran sus dudas acerca de la “constitucionalidad de las medidas” acordadas por Fomento. Más en concreto sobre la forma de llevarlas a cabo: un Real Decreto que requiere una justificación por su urgente necesidad.

El hecho de que las medidas -especialmente la puesta en marcha de una licencia urbana- se retrasen cuatro años como mínimo, hace que ese criterio de urgencia quede en el limbo. Por tanto,en el documento se teme que este argumento pueda ser empleado por las empresas de VTC como una fórmula más para impugnar la medida ante el Tribunal Constitucional.

Los cuatro años de aplazamiento para su puesta en marcha responden a la intención del Gobierno de indemnizar a las empresas de VTC por el cambio en las reglas del juego. Es decir, que pierdan la posibilidad de operar a nivel nacional y empiecen a necesitar permisos locales.

Para los abogados del taxi “la retirada competencial del Estado es controvertida, y será analizada por los tribunales; como lo es también la fórmula escogida para compensar a las pérdidas que puedan tener los dueños de las VTC".