La Asociación Española para la Digitalización, DigitalES, ha trasladado a los grupos parlamentarios su disconformidad ante las enmiendas tramitadas por la Comisión de Cultura del Congreso en relación con el Proyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. Según la patronal tecnológica, el cambio de criterio de las tarifas que se abonan a las entidades por la utilización de contenidos genera inseguridad jurídica.

La asociación que reúne a las principales empresas del sector de la tecnología e innovación digital en España, incluyendo a los operadores de telecomunicaciones, indicó que el  procedimiento de fijación de tarifas por parte de las entidades de gestión “debería estar sometido a mayores exigencias de proporcionalidad y evitar crecimientos injustificados, que las han llevado a valores muy elevados”.  

Para DigitalES, las tarifas que se cobran actualmente “ya estaban sobredimensionadas”, por lo que han pedido que algunos puntos de estas enmiendas -que apuntan a un mayor cobro- “se reenfoquen tras un diálogo y acuerdo con todos los actores implicados en este ecosistema”. La patronal digital ha recordado que durante los últimos años los operadores han destinado en torno a 200 millones de euros para crear películas y series.

Protección al patrimonio cultural

DigitalES, que reitera su firme compromiso con la protección de nuestro patrimonio cultural y expresa “el máximo respeto a la protección de los derechos de propiedad intelectual”, entiende que “dicha protección se debe realizar de la manera más fácil, rápida, efectiva y económica posible”.

Tal y como se recogía en el acuerdo vigente, los operadores no pagan por el uso que hacen de los contenidos representados por las entidades, sino que abonan una especie de tarifa plana, un porcentaje de sus ingresos, que les permite acceder a dicho catálogo de contenidos.

Para DigitalES “la redacción del texto de las enmiendas parte de la base de que las tarifas anteriormente aprobadas por las Entidades de Gestión eran adecuadas, premisa con la que debemos señalar nuestro profundo desacuerdo”. Denuncia la asociación sectorial que “hablar de mero "incremento" demuestra que no se busca el equilibrio entre las partes, sino únicamente aumentar el valor económico de la utilización del repertorio de la entidad de gestión”.

Presión de las entidades de gestión

DigitalES apunta a una clara presión de las entidades de gestión para aumentar una recaudación abultada, y denuncia que “las tarifas anteriores ya eran poco transparentes, y, por tanto, el procedimiento de fijación de tarifas por parte de las entidades de gestión debería estar sometido a mayores exigencias de proporcionalidad y transparencia para evitar características abusivas”.

UTECA y AERC, las patronales de la televisión y de la radio, mostraron hace una semana su disconformidad con este debate "por la inseguridad jurídica y los perjuicios que generan los cambios que se proponen al actual modelo y en los que se fortalece la posición de dominio de las entidades de gestión frente a los usuarios".

Para estas dos asociaciones, "las enmiendas presentadas alteran los criterios fijados para las tarifas generales que aprueban las entidades de gestión y modifican la actual composición del organismo regulador independiente encargado de fijarlas en caso de conflictos, la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual (SPCPI)".

"De esta forma, esta Comisión pierde su capacidad de garantizar unas tarifas que eviten los abusos cometidos en el pasado por las entidades de gestión, comportamiento sancionado por las autoridades de competencia y el Tribunal Supremo", indicaron.