Fomento ultima el decretazo con el que pretende ayudar a comunidades autónomas y ayuntamientos a limitar la presencia de Uber y Cabify en sus calles. Si se cumple el calendario previsto, la norma se aprobará el próximo 28 de septiembre en consejo de ministros, y parece que las cosas van por buen camino para los taxistas que quieren echarles.

José Luis Ábalos, ministro del ramo, se reunía este martes con las asociaciones del Taxi, a quienes explicaba los trazos gruesos de la reforma normativa. Un complejo marco legal, del que no han trascendido detalles, ya que el Ejecutivo busca blindarse ante lo que pueda venir después: reclamaciones ante los tribunales de justicia.

No le falta razón al departamento que lidera Ábalos, ya que el sector de la VTC (con Uber y Cabify a la cabeza) empieza a afilar los cuchillos para defenderse. Para ello han encargado un informe a EY en el que se cuantifican los costes que supondría eliminar de un plumazo las 17.549 licencias que se verían afectadas para lograr el famoso 1/30; es decir, una licencia de VTC por cada 30 de taxi.

Para empezar, se perderían más de 69.000 empleos en el sector. De ellos, 32.000 serían conductores, 1.600 de las plataformas y el resto (35.500) serían puestos de trabajo indirectos: talleres, recambios, limpieza, etc. Esto supondría que la Seguridad Social dejaría de ingresar 558 millones de euros en cotizaciones.

Los impuestos

A esa cifra de dinero que perdería cada año el erario público, habría que sumarle otros 57 millones en impuestos de sociedades y otros 143 millones en la recaudación de IVA. Es decir, que según los datos del sector, el Estado dejaría de ingresar algo más de 758 millones de euros anuales. Una cifra que, además, crecería año a año si se cumplen las previsiones de crecimiento de la demanda que barajan.

Esos 758 millones de euros en impuestos por año se perderían casi de inmediato. Una cifra nada desdeñable en un momento en el que el Gobierno reconoce que necesita recaudar, explican fuentes del sector.

En el informe también se hace una estimación de las cantidades que podrían pedir a modo de indemnización si las licencias salen de la calle. Hablamos de 3.700 millones de euros en el umbral más alto, y de 2.500 millones de euros en el más bajo.

Las Comunidades responden 

Si, como se da por descontado entre las VTC, el ‘problema’ se traslada a las comunidades autónomas, Madrid, Cataluña y Andalucía serán las que más dinero tengan que poner encima de la mesa. La primera tendría que desembolsar hasta 1.600 millones de euros; la segunda hasta 888 millones y, por último, Andalucía otros 496 millones de euros.

En el sector están convencidos de que, diga lo que diga la norma, todo esto acabará en los tribunales o en cortes internacionales de arbitraje, por lo que habrá que esperar a que resuelva. Por tanto, tenemos por delante cerca de cinco años hasta que haya una solución. Un cálculo rápido nos dice que el coste de acabar con las VTC podría alcanzar los 7.500 millones de euros en el próximo quinquenio.

¿Cómo se alcanza la cifra? De sumar los 758 millones anuales que se perderían hasta que falle la Justicia al coste total de la indemnización. Y eso si nos quedamos con la parte baja de la horquilla. Ahí es nada.