La ministra de Transición Ecológica Teresa Ribera tiene una cita este miércoles en el Congreso para explicar qué pasa con el precio de la luz y qué piensa hacer el Ejecutivo al respecto con un nuevo máximo anual como telón de fondo.
El precio de la luz en el mercado mayorista (‘pool’) se sitúa en 75,93 euros por megavatio hora de media, según los datos del operador del mercado ibérico (Omie). La cifra supone un nuevo máximo anual desde que el pasado mayo comenzó la escalada de precios y se dejará sentir, de nuevo, en el recibo de los clientes sujetos a la tarifa regulada o Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC). En la franja horaria más cara, el precio superará los 80 euros por MWh.
En las últimas semanas, el bajo aporte de las energías renovables al ‘mix’ energético sumado al encarecimiento de materias primas como el petróleo y el gas o los derechos de emisión de CO2 han hecho que el precio en el ‘pool’ esté en máximos históricos.
De hecho, con la de este miércoles, es la segunda vez que la cotización en el mercado mayorista supera los 75 euros por MWh, después de tocar los 75,39 euros de hace una semana, y se produce en un día clave para el Gobierno que, aunque ya ha anticipado que no hay “soluciones mágicas” para remediar la escalada, ha decidido tomar cartas en el asunto y anunciar cambios.
Intervención del Gobierno
El Gobierno no puede intervenir en los precios que marca el mercado mayorista y afirma que su margen de acción es limitado, pero para los expertos del sector la clave está en que mire hacia los dos tercios del recibo que forman los costes regulados y los impuestos.
La factura de la luz se divide en una parte variable (alrededor del 30%) y la parte fija (casi un 70%). En esa parte variable se incluye el precio de la generación de energía y el consumo que hace cada cliente. En la parte fija hay una amalgama de peajes, primas e impuestos, pesando estos últimos un 25%.
¿Qué medidas podrían lanzar? Hasta el momento, el Ministerio de Transición Ecológica, la cartera que dirige Ribera, ha asegurado que acometerá “de forma valiente” los cambios estructurales necesarios para que el incremento de precios -que va a ocurrir- sea “racional”.
Todas las opciones están sobre la mesa, indicaron fuentes ministeriales a este periódico recientemente, y para tomar decisiones han despachado con todos los actores del sector energético, empresas y plataformas de acción social, poniendo como foco en los consumidores más vulnerables.
Esta orientación ha llevado al Gobierno a replantearse el estado actual del bono social eléctrico (que entró en vigor hace casi un año pero que sigue sin arrancar porque el número de clientes que se han adherido está muy por debajo del nivel que se esperaba), como una vía de contener el golpe en la factura de los consumidores con menos recursos.
La revisión de los impuestos que pesan sobre la factura, por otra parte, serían una vía rápida para bajar el recibo del consumidor. En principio, el Ejecutivo se ha mostrado reacio a aplicar una rebaja aunque las leyes europeas lo permitan, porque considera que eso fomentaría el uso de productos contaminantes. Aun así, Podemos aseguraba hace unos días haber pactado con el Gobierno una bajada del IVA de los productos básicos, pero no se ha especificado si esto afectará al recibo de la luz, que está considerado como servicio básico.
Desde las asociaciones de consumidores como Facua lo tienen claro: el IVA de la luz tiene que bajar a un 4%. Con este tipo, el consumidor medio ahorraría unos 130 euros al año, aseguran. En los últimos 15 años, el recibo del usuario medio ha subido casi un 86%, desde los 43,47 euros a 80,73, según las tarifas vigentes en el último mes de agosto. El análisis de Facua se ha basado en facturas con un consumo medio de 366 kWh mensuales y con una potencia contratada de 4,4 kW.