César González-Bueno, que fue el primer responsable de ING en España y fue repescado el año pasado para revitalizar el negocio, se encuentra con un problema detrás de otro. La rentabilidad de los depósitos, un clásico para ING, fue ajusticiada, y ahora la entidad, que no es ni siquiera un banco, sino la sucursal de uno que opera desde Países Bajos, se enfrenta a la solicitud de la retirada de su licencia tras constatar públicamente su matriz que no sólo ING era utilizada para lavar dinero sino que ni siquiera es capaz de poner una cifra al escándalo.

A la presión política local se le ha sumado un enemigo, Javier Pérez-Dolset, que fue a la cárcel por un crimen que se ha demostrado que no había cometido y por una serie de circunstancias que tuvieron mucho que ver con la entidad holandesa, con el magnate ruso que controla día, Mikhail Fridman, y con el grupo Planeta.

A una multa de 775 millones acordada con las autoridades holandeses se le han sumado los 500 millones que piden Pérez-Dolset y su empresa familiar Wisdom. Desde su entorno han insistido en que solicitarán la retirada de la licencia bancaria del grupo, argumentando -y no sin razón-, que Banco Madrid cayó por menos.

A eso se le suma la presión del Parlamento neerlandés y las afirmaciones de que tanto ING España como sus directivos no sólo sabían del lavado de dinero sino que participaron en los hechos al no haber tomado ninguna medida para impedirlo tras ser avisados en sendas reuniones celebradas el 13 de marzo y el 17 de abril de 2015.

Aunque desde ING en España descartan hacer comentarios porque no pueden revelar información de clientes, fuentes cercanas a la compañía explican a EL ESPAÑOL que se trata de un cliente que era gestionado desde Países Bajos y por tanto todas las acciones que se engloban en este caso, eran gestionadas desde allí. ¿Bastarán estas explicaciones para que la compañía no sufra consecuencias en nuestro país?

Uber Systems Spain, la filial española de Uber, obtuvo el año pasado unos excelentes resultados. En total, 183.514 euros, lo que supone un incremento del 96% respecto al año anterior. Un beneficio que se desprende de una facturación de 2,8 millones ese año, fruto de las operaciones de marketing y servicios que presta a su matriz Uber International. 

Esto implica que la mayor parte de la actividad desarrollada por la compañía que lidera Juan Galiardo no se queda en España. ¿Por qué? Pues porque el dinero conseguido a través del alquiler de vehículos con conductor (VTC) que es su actividad principal se cobra directamente desde Holanda. 

Con este esquema de actividad, la filial de Uber, al igual que las que tiene en otros Estados, logra abaratar su factura fiscal a lo largo y ancho del planeta. Esto supone, además, que en España tan sólo se recaudaran en impuestos algo más de 53.800 euros, ya que la actividad de transporte queda excluida de imposición en nuestro país. 

Su esquema empresarial y fiscal es perfectamente legal, pero no deja de ser llamativo que en plena guerra con el Taxi una empresa como Uber siga dando motivos a los taxistas para que les ataquen por su fiscalidad, mientras Cabify presume de que cumple con sus deberes fiscales. A la hora de usar las aplicaciones, ¿decidirán los usuarios en función de quién contribuye a su Sanidad o a su educación?