Una compañía que se llama Aguas de Barcelona tiene difícil pasar mucho tiempo en Madrid, así que la compañía que preside Ángel Simón ha decidido volver a Cataluña. Esto ha generado una cierta incertidumbre sobre si esto generará un movimiento en cadena en otras empresas que escaparon de la inestabilidad política y regulatoria generada por Carles Puigdemont y perpetuada por Quim Torra. La respuesta es “no”.
El pasado 7 de octubre Agbar tomaba la decisión con el objetivo de “preservar la seguridad jurídica de los inversionistas” y dejaba claro que se trataba de un cambio “temporal”. Tanto, que para la filial de Suez ha llegado el momento de revertirlo.
La presión que ha soportado el grupo es importante, teniendo en cuenta que la compañía es accionista de diversas operadoras del ciclo integral del agua que prestan servicio a municipios de Cataluña como Aigües de Barcelona, que suministra agua a buena parte del área metropolitana, Sorea o Cassa. Las tres mantuvieron sus respectivas sedes sociales durante lo peor de la crisis.
Y no sólo han sido presiones intensas: también han sido variadas. Por un lado, la presión independentista, por otro la presión de Ada Colau, que amenaza con remunicipalizar el servicio. En suma, un reto complicado para cualquier empresa que necesita interactuar con el sector público a escala municipal. a pocos meses de la celebración de elecciones municipales. Pero también es un reto bastante inusual.
Aunque habrá empresas que aprovechen las palabras de la portavoz del Govern, Elsa Artadi, en las que afirmaba que su escenario principal es el diálogo antes que la unilateralidad para justificar el retorno, es que es muy difícil que las grandes empresas vuelvan a jugársela.
No cuenten con los bancos
Las que seguro que no lo harán serán los bancos. El consejero delegado del Sabadell, Jaime Guardiola, lo explicó muy bien cuando afirmaba este martes que fue “una medida en la que no hubo política” y que vino justificada por “el riesgo” que empezaban a ver los analistas y los inversores a una posible independencia de Cataluña.
Sus explicaciones bien se podrían aplicar a otras empresas: insistió en que las decisiones del consejo de administración "son a largo plazo" y lamentó que, además, "la situación es la que es", en referencia a la hoja de ruta que Quim Torra, presidente de la Generalitat, presentaba este martes para Cataluña.
¿Qué necesidad tienen las grandes empresas de devolver sus respectivas sedes sociales a Cataluña para volver a encontrarse con un escenario en el que la única salida vuelva a ser escapar? Las empresas no tienen morriña, ni familiares a los que echar de menos.
Sigue la fuga
Tampoco es que se haya revertido la situación de fuga. En los últimos tres meses, las firmas que huyen del independentismo se elevan a 292. En junio salieron de Cataluña 149 empresas, en julio fueron 90 y 52 en agosto, según los anuncios insertados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.
Torra cuenta como ventaja con el gancho del supuesto diálogo enarbolado por Artadi, pero también con el apoyo del Gobierno de Pedro Sánchez, cuya ministra de Industria, Reyes Maroto, se ofrecía recientemente para atraer inversiones a Cataluña, tanto extranjeras como de otras comunidades autónomas.
¿El objetivo? Que España ayude a convencer a los inversores de que Cataluña sigue siendo un buen territorio para impulsar negocios y potenciar sus “grandes oportunidades”. Algo que va, claramente, en sentido contrario a lo que han venido haciendo los últimos presidentes de la Generalitat.
A la postura conciliadora del Ejecutivo de Sánchez se le suman otras, como la del secretario general de CCOO de Cataluña, Javier Pacheco, que se mostraba recientemente “poco optimista” sobre el retorno de las empresas aunque les animó a volver “con normalidad” porque estarán en “el mejor territorio de desarrollo económico que pueden tener en la península”.
El refrán dice que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, pero no dice nada de las personas jurídicas.