Parte del puente derrumbado en Génova.

Parte del puente derrumbado en Génova. REUTERS

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El Gobierno italiano estudia nacionalizar la filial de Atlantia italiana

El CPD (Cassa Depositi e Prestiti) puede quedarse la propiedad de la filial de Atlantia, que estaba al cargo de la obra del puente Monardi que se vino abajo la semana pasada. Según la agencia Reuters, el Gobierno ya estudia esta posibilidad, aunque el Ejecutivo no ha querido hacer oficial tal hecho.

El ala antisistema del Ejecutivo italiano ha pedido que el Estado intervenga a Autoestrade después de que se produjesen 43 muertos tras el desplome del puente italiano.

Según fuentes de Reuters, esta hipótesis "es una de las opciones que ya se discuten en el Parlamento". Eso sí, de momento el Ejecutivo no quiso oficializar estos rumores. No obstante las fuentes consultadas por la agencia aseveraron que "no es una mala idea". Para que este hecho se pueda producir debería partir del Ministerio de Economía ya que posee el 80% de participación del CPD.

Este hecho, ha propiciado que las acciones de Atlantia suban con fuerza desde que se conociese esta posibilidad. Los títulos se han revalorizado un 4% en las dos últimas sesiones y ya se acercan a los 19 euros.

Ayudas insuficientes

En este sentido, lo que sí parece inminente son las sanciones por parte del Estado italiano a Atlantia. El Ejecutivo está trabajando en las sanciones que podría aplicar a Atlantia tras el terrible derrumbe del puente de Génova el pasado 14 de agosto, dijo el primer ministro Giuseppe Conte el jueves. "Llevo el expediente (de las sanciones) en mi cartera y ha estado viajando conmigo los últimos días", dijo Giuseppe Conte en una entrevista a un medio italiano.

Por otra parte, el Gobierno italiano considera "muy modesta" la cifra de 500 millones de euros del fondo anunciado por Autostrade, filial de Atlantia y concesionaria de la autopista A10, para sufragar los "gastos inmediatos" de las víctimas del derrumbe del puente Morandi en Génova el pasado 14 de agosto, y está trabajando en las posibles sanciones que podrían imponerse a la compañía.