Nueva York, capital del mundo -o eso dicen-, se convirtió en el espejo en el que mirarse para muchos. En concreto para el sector del Taxi. ¿La razón? Una medida que frena las aspiraciones de las compañías que utilizan las licencias VTC. Es decir, Uber o Cabify.

A primera hora de la mañana del jueves se conocía que el Ayuntamiento que dirige Bill de Blasio aprobó un proyecto de ley que limita durante un año la emisión de nuevas licencias de VTC, las que utilizan empresas como Uber y Cabify en España, con el objetivo de estudiar el impacto que tiene este servicio en el sistema de transportes urbano. Así, y durante 365 días, no se concederán nuevas licencias.

"Nuestra ciudad se enfrenta directamente a una crisis que está llevando a los neoyorquinos trabajadores a la pobreza y nuestras calles a un estancamiento. El crecimiento sin control de las compañías de vehículos de alquiler exigía una actuación, y ahora ya está aquí. Más de 100.000 trabajadores y sus familias verán un beneficio inmediato de esta legislación", rezaba el comunicado en el que se explicaban las razones por las que se tomaba esta medida.

La noticia ha corrido como la pólvora y fuentes del sector del Taxi aseveran que en España se deberían mantener medidas como las que ha sacado adelante el consistorio de Nueva York para poder frenar la incursión de las empresas que utilizan dichas licencias.

Difícil símil para España

Ante las voces que piden unas medidas similares, la pregunta es clara ¿Podrían los ayuntamientos de las principales ciudades lanzar una legislación como la de Nueva York? A día de hoy, la respuesta es clara: no.

El principal motivo por el que los consistorios de las urbes españolas no puedan paralizar la creación de licencias VTC es que la dispensación de dichos títulos es tarea de las Comunidades Autónomas con la delegación autorizada del Ministerio de Fomento. Por tanto, no hay lugar a que, por ejemplo, Colau o Carmena puedan abrir o cerrar el grifo de dichas licencias.

En este sentido Marc Tarrés, profesor de la Universidad de Barcelona y de la Universitat Oberta de Catalunya, añade que “no puede equipararse Nueva York con Madrid o Barcelona puesto que las competencias de la ciudad de Estados Unidos tiene unas competencias mucho mayores que los ayuntamientos de las capitales españoles”.

De esta manera, septiembre -fecha en la que el Ministerio de Fomento ha puesto para resolver el conflicto- podría dejar una puerta abierta a que los Ayuntamientos tuviesen capacidad para conceder o no licencias VTC. En teoría, el Ejecutivo de Pedro Sánchez habilitará la regulación a partir del próximo mes a las comunidades autónomas que lo deseen para que puedan regular el sector de los vehículos de alquiler con conductor (VTC) , las empresas como Uber y Cabify, y de esta forma puedan frenar su expansión frente al taxi.

Este hecho podría beneficiar a los Ayuntamientos de las grandes ciudades de España puesto que las Comunidades Autónomas podrían delegar en los consistorios en la dispensación de licencias VTC.

Pero este hecho parece complicado por culpa, precisamente, de las Comunidades Autónomas. A pesar de que el Ministerio de Fomento está haciendo todos los esfuerzos posibles para desenredar la madeja en que se ha convertido el conflicto Taxi-VTC, algunas de las CCAA ya han reconocido que no van a aceptar tal potestad. Sin ir más lejos, la Comunidad de Madrid se ha negado en rotundo a acometer dichas competencias.

En última instancia cabría la posibilidad de que el Gobierno decidiese optar por darle total competencia a los Ayuntamientos. Algo que el experto ve realmente complicado. “Las transferencias de competencias deben ser aprobadas mediante Ley Orgánica (Art. 150 de la Constitución Española) y tienen que ser aprobadas por mayoría absoluta”, explica Tarrés. En este sentido, el profesor universitario argumenta que “tal y como está el panorama político, parece improbable que esto suceda”.

Más regulación por parte de los Ayuntamientos

En este puzzle difícil de resolver, la pieza que podría encajar, a juicio de Tarrés, es la de otorgar más poder de regulación a los Ayuntamientos. Así, de esta manera los consistorios de Ada Colau o Manuela Carmena podrían elaborar ordenanzas específicas.

“Los Ayuntamientos podrían imponer a las VTC más días de libranza que el resto o podría exigir que todos los conductores sean asalariados”, explica el experto. Así, sin necesidad de tener responsabilidad en el reparto de las las licencias, podrían frenar la llegada de más vehículos de este tipo a las calles de las principales capitales.

Colau vio frenada su idea

Todas estas hipótesis y posibilidades se reflejan a la perfección en lo sucedido hace casi un mes en Barcelona.  El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) suspendió de forma cautelar el reglamento del Área Metropolitana de Barcelona (AMB, que preside la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau). La entrada en vigor de la regulación metropolitana, muy aplaudida por los taxistas, estaba prevista para el próximo mes de agosto.

La Sala aceptaba la medida cautelar solicitada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Dicha normativa del organismo prevé que los coches de alquiler con conductor tengan, además de la licencia VTC, una segunda autorización pública que proceda del Instituto Metropolitano del Taxi. Además, fijaba una ratio máximo de una licencia VTC por cada 30 de taxi.