Fernando ABril-Martorell, presidente de Indra.

Fernando ABril-Martorell, presidente de Indra. Archivo / Efe

Empresas

Accenture, Indra y otras nueve empresas multadas por un cártel de suministros a la Administración

También se encuentran IBM, Everis o Software AG. La sanción llega a los 30 millones de euros entre todos los participantes. 

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto sanciones por un importe total de 29,9 millones de euros a once empresas por crear un cártel en el suministro de servicios de informática y tratamiento de datos a la Administración Pública, según ha informado el organismo en un comunicado.

La CNMC remarca que esta trama empresarial se repartió durante un periodo de 15 años los clientes, pactó los precios y las condiciones comerciales, e intercambió información comercial sensible con el fin de encarecer la contratación pública de servicios informáticos.

La Comisión, que inició las investigaciones pertinentes tras recibir una denuncia el 8 de marzo de 2015, subraya que se trata del primer caso resuelto gracias a la campaña contra el fraude en la contratación pública que lanzó hace año y medio. Tras las investigaciones realizadas y una vista pública con las empresas implicadas, considera acreditada una infracción muy grave de los artículos 1 de la Ley 15/2007 y 101 del Tratado de Funcionamiento de la UE, constitutiva de cártel.

Las empresas involucradas operaban en todo el territorio nacional ofreciendo servicios de informática y de tratamiento de datos, desde consultores en la instalación de equipos informáticos y aplicación de programas, hasta servicios de preparación de datos para su tratamiento y servicios de bases de datos.

En la mayoría de los casos estos contratos conllevan la integración física de personal de las empresas incoadas o de sus subcontratas en las plantillas de los clientes como personal de apoyo. Entre los organismos afectados por el fraude se encuentran la Agencia Tributaria, la gerencia de informática de la Seguridad Social, y el Servicio Público de Empleo (SEPE), entre otras.

Las conductas ilícitas realizadas afectan a los procedimientos de contratación, que se hacían de diversas formas, entre ellas la creación de UTE (Uniones temporales de Empresas) de carácter instrumental y la subcontratación preferente de determinadas empresas a las que se aseguraba un porcentaje de facturación y unas condiciones más ventajosas que a otras empresas subcontratadas a cambio de que no participaran en ofertas alternativas en la licitación.

Otros métodos empleados fueron la presentación de ofertas de cobertura para asegurarse la adjudicación de contratos adjudicados mediante concurso o procedimientos negociados, así como la cesión de claves de patrimonio o en la inhibición de la presentación de ofertas por ciertas empresas en determinados concursos para asegurarse la adjudicación de los mismos y a cambio de otro tipo de favores. "Con todo ello reducían la competencia entre las empresas que se presentaban al concurso público", incide.

Empresas participantes

La CNMC subraya que la intensidad de la participación de las empresas variaba en función del organismo que convocaba las licitaciones y del tipo de concurso y señala a dos compañías como instigadores de la trama: Indra y Software AG (SAG), cuyas sanciones ascienden a 13,5 y 6 millones de euros, respectivamente.

En el reparto del mercado participó un grupo de nueve empresas con distintos grados de responsabilidad: Atos (5 millones de euros) Connectis (1,8 millones de euros), IBM (940.000 euros), Everis (800.000 euros), Babel (633.917 euros), Cibernos (616.038 euros), Gesein (320.969 euros), Accenture (300.000 euros) y Next (46.760 euros). A esta lista hay que sumar otras tres empresas para las que no existen pruebas suficientes.

La Comisión recuerda que contra esta Resolución no cabe recurso alguno en vía administrativa, pudiendo interponerse recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación.