En un comunicado, la patronal de las VTC (o sea, la de Uber y Cabify), reclamaba recientemente al Gobierno de Pedro Sánchez que recuperase las calles. Y si alguien te pide que recuperes algo es, normalmente, porque alguien lo ha perdido. ¿Y quién ha 'extraviado' el control de las calles? Evidentemente, Ada Colau.

La alcaldesa de Barcelona lleva meses viviendo en una posición complicada, y el del taxi es el menor de los problemas. Hablamos de una ciudad en la que el pasado otoño, con los preparativos del referéndum ilegal del 1-O, numerosos vándalos se sintieron autorizados como para vandalizar tres coches de la Guardia Civil y provocar daños por valor de varios miles de euros.

Imaginemos, por un momento, qué habría sucedido en EEUU si alguien hubiese intentado hacer algo similar con un vehículo del FBI. Descanse en paz.

Colau se disfrazaba de superheroína, lo que no deja de ser apropiado. Un superhéroe es un vigilante que usurpa las funciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sin legitimidad ninguna para hacerlo. En los tebeos tienen su gracia, pero en la realidad, ninguna.

¿Por qué los taxistas radicales se ceban con una ciudad cuya alcaldesa ha sido, con diferencia, la más sensible a sus intereses y sus necesidades? Porque saben también que es la más débil, la menos activa a la hora de imponer el imperio de la ley y permitir la acción de exaltados sin coste aparente. Hablamos de una persona que prometió, antes de llegar a la Alcaldía de Barcelona, que eliminaría la unidad antidisturbios de la Guardia Urbana, y que la ha ido vaciando de funciones y efectivos.

El 'equilibrio' de Colau

Colau no quiere debate ninguno, está al 100% con el taxi. Sólo hay que ver un tuit de la Guardia Urbana de 21 de junio: “Trabajamos para garantizar el equilibrio entre las dos modalidades de transporte urbano de viajeros con conductor en Barcelona, VTC y Taxi, para asegurar el mantenimiento del taxi como un servicio de interés general”. Vamos, que es un equilibrio relativo.

De hecho, ha sido el primer Ayuntamiento en aprobar una regulación que regula las pretensiones del sector: que se cumpla el ratio de una licencia VTC por cada 30 de Taxi, lo que en la práctica supone echar de las calles de Barcelona a cientos de coches que tienen su licencia, empresarios que han hecho inversiones y empleados que se quedarían sin salario.

Ahora está por ver si el Ministerio de Fomento cede también a las peticiones de los taxistas para intentar evitar que ejerzan contra el resto de ciudadanos su fuerza. Y no hablamos de las típicas huelgas, nos estamos refiriendo a asaltos directos contra profesionales que, legalmente, tienen derecho a trabajar y una licencia que les faculta a hacerlo.

El sector del Taxi ha hecho esfuerzos importantes para modernizarse, y el mayor de los cuales probablemente es la universalización de la aplicación MyTaxi, que pone a los conductores en condición de enfrentarse con las VTC en justa lid, con una tecnología tan buena o mejor. Todos esos esfuerzos quedan en nada en comparación con el impacto de ver a unos indeseables atacar un vehículo en el que viajaba una niña pequeña, o volcar el modo de trabajo de otro ciudadano en el Aeropuerto.

Campo de batalla, Barcelona

La falta de agallas de Colau y su sumisión no le ha causado más que problemas. Al ser la que ha cedido más a la presión, su territorio se ha convertido en el mejor lugar para ejercer la violencia. En Madrid también se han producido altercados, pero no son comparables a las agresiones que se han vivido en Barcelona.

Asimismo, es la capital catalana un lugar en el que hay más de una tensión en juego. Desde Unauto reconocen a EL ESPAÑOL que, junto a la guerra Taxi-VTC nos encontramos con tensiones subyacentes como la de la turismofobia, alentada también por la alcaldesa.

Una vez que sabes que la mejor forma de resolver los problemas a tu gusto es la violencia, está por ver dónde termina esto. Está claro que lo único que está dispuesta a hacer Colau es seguir pidiendo al Gobierno que apoye a los violentos para que la dejen tranquila.

El último momento en el que en España sentimos un miedo colectivo a subirnos en un medio de transporte tuvo que ver con los atentados de Atocha. Hasta hace unos días, la idea de subir en un Cabify o un Uber no estaban acompañada de la amenaza de tener detrás a un grupo de descerebrados persiguiéndonos a nosotros o a nuestras familias a 180 kilómetros por hora.

La preocupación del taxista

Es evidente que la mayor parte de los taxistas son sólo personas preocupadas por el futuro de su modo de vida. Se argumenta que es un servicio público, que realizaron importantes inversiones para poder ofrecerlo y que pagan más impuestos de todo tipo que la competencia. Todo eso es cierto.

Pero se les olvida siempre decir que los precios de las licencias no son fijados por ningún Gobierno, sino que son el resultado de un mercado secundario ajeno por completo a regulación ninguna. Imaginemos que los compradores de Bitcoin, al descubrir al poco tiempo que sus criptomonedas han perdido valor, deciden quemar a quienes utilizan otra criptomoneda distinta. Puede parecer una exageración, pero no lo es tanto.

Tampoco nadie ha demostrado que la existencia de Uber o Cabify hayan reducido el negocio del Taxi. En un mundo de transportes multimodales en el que los ciudadanos de las grandes urbes tenemos más opciones y podemos optar por combinaciones entre carsharing, patinetesharing, motosharing, bicisharing, metro, autobús, Uber, Cabify o Taxi, lo que desaparecen son los incentivos para tener un coche particular para uso urbano.

La guerra VTC-Taxi no es tanto un conflicto económico sino la decisión de un grupo colosal de individuos de chantajear a las autoridades para viajar al pasado y mantener, con independencia de los cambios tecnológicos que hayamos vivido hasta ahora, un monopolio que tiene su origen en el siglo XIX.

Ada Colau tiene una notable capacidad a la hora de ceder a todo tipo de chantajes y así le ha ido. Ahora veremos si Pedro Sánchez y su gobierno están cortados o no por el mismo patrón.