El ministerio de Fomento ha recurrido la regulación de Ada Colau para limitar la presencia de vehículos de alquiler con conductor (VTC) en las calles de Barcelona; es decir, de Uber y Cabify, exigiéndoles una licencia local. 

Así lo confirman distintas fuentes del sector, y ha podido corroborar EL ESPAÑOL. El argumento empleado en el recurso contra la normativa de Ada Colau es que el Ayuntamiento de Barcelona carece de competencias para regular el sector VTC, cuya legislación corresponde al Gobierno a través de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (LOTT). 

Esta decisión del Ejecutivo choca contra las esperanzas de las asociaciones del sector en Cataluña, que confiaban en que el PSOE no se opusiera a una normativa que contó con el respaldo del PSC en el pleno del Ayuntamiento que dio luz verde a la legislación municipal. 

El recurso, presentado por el Abogado del Estado, fue presentado el pasado 11 de julio y en él se pedía al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que adoptase una medida cautelarísima con el objetivo de paralizar de forma inmediata los efectos de la normativa. Sin embargo, parece que esta medida ha sido rechazada por el juez y, por tanto, ha convocado a las distintas partes implicadas para escucharlas antes de adoptar medidas cautelares. 

Plataformas como Élite Taxi han expresado ya su malestar por la decisión, y convocarán paros el próximo 25 de julio en Barcelona contra la medida adoptada por el ministerio de Fomento. 

Fomento convocará al Ayuntamiento 

El ministerio de Fomento ha explicado que va a convocar al Ayuntamiento de Barcelona a una reunión para explicar los motivos del recurso. A través de un comunicado, el equipo de José Luis Ábalos justifica la decisión en que "de no hacerlo estaría dejando de cumplir su obligación de defender el marco competencial vigente". 

Ahora bien, aunque el Ministerio se reunirá con las Asociaciones del sector en las próximas semanas, deja abierta la puerta a "transferir las competencias" en materia de VTC "a las Comunidades", aunque reconoce que para ello "debe existir un gran consenso". 

Así es la licencia 

El reglamento ahora recurrido por el Gobierno (y que también recurrió Unauto, la patronal de las VTC) contempla la llamada licencia municipal. Tal y como adelantó EL ESPAÑOL, será de aplicación en el ámbito urbano de Barcelona; y será complementaria a la autorización VTC que -actualmente- requieren para operar y que concede el Gobierno a través de las Comunidades Autónomas.

Se trata de una licencia que tendrá "un único titular, se referirá a un vehículo concreto y en ella aparecerá también la matrícula y otros datos que puedan ser necesarios para su identificación", según señala la normativa.

Esta normativa es la nueva esperanza del sector para poner coto a Uber y Cabify, después de que el anterior Gobierno blindase a través de un Real Decreto al Taxi al considerarlo como un servicio público que debe ser protegido, al igual que hizo el Tribunal Supremo al mantener la ratio de una licencia VTC por cada 30 de taxi.