Como una bomba. Así ha caído en el seno de Sacyr la investigación abierta por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sobre una de sus filiales: Aplicaciones Gespol. Una empresa que, de la noche a la mañana, se ha convertido en el epicentro de una presunta trama de amaños en la contratación de servicios para la gestión de multas y regulación del tráfico en semáforos.
Hablamos de una sociedad que Sacyr adquiría en octubre de 2016 a través de Valoriza Servicios, en una operación cuyo coste no se ha hecho público. Sin embargo, las cuentas de su anterior propietario indican que, a cierre de 2016, estaban pendientes de cobro 1,8 millones de euros procedentes de la enajenación de Aplicaciones Gespol, S.L.
Desde que llegara a manos de Sacyr la sociedad ha obtenido contratos por valor de millón y medio de euros, según ha reconocido la propia constructora. El valor medio de la contratación es de 5.000 euros, por lo que fuentes cercanas al consejo de la compañía no entienden cómo es posible urdir una trama de corrupción con estas cifras.
Sus cuentas reflejan que, desde 2016 hasta ahora, no ha conseguido beneficios. Al contrario, según la memoria anual consolidada de Sacyr, Aplicaciones Gespol perdió 218.000 euros en el primer ejercicio en manos de la constructora, y otros 480.000 euros durante el 2017.
El complemento de Valoriza
La sociedad, cuyo objeto social es el mantenimiento informático para la gestión de infracciones de tráfico y seguridad vial, cuenta con una treintena de empleados y se compró, según reconocen fuentes internas, porque era un complemento perfecto para Valoriza Servicios.
A través de esta empresa Sacyr ofrece distintos servicios a los Ayuntamientos: desde limpieza y recogida de residuos a mantenimiento de zonas verdes e infraestructuras, pasando por la gestión de servicios de estacionamiento regulado o recogida de vehículos mal estacionados. Por tanto, parece que Aplicaciones Gespol era ideal para ofertar también el mantenimiento de software para la Policía y los servicios de gestión de tráfico.
Según reconocen fuentes conocedoras de la operación, la idea de Sacyr era la de “desarrollar” el negocio; sin embargo, todavía no se había comenzado a trabajar en potenciar esta compañía. Tanto es así que, según explican esas mismas fuentes, buena parte de los contratos que ha obtenido la filial de la constructora desde que se adquirió han sido renovaciones de contratos que ya se estaban gestionando.
Estos antecedentes son los que han llevado al desconcierto en el seno de Sacyr. De hecho, ya han puesto en marcha una investigación interna para comprobar si se han incumplido los códigos de conducta del grupo. “Si así ha sido se adoptarán todas las medidas necesarias”, explican, antes de mostrarse dispuestos a colaborar de forma permanente con la Justicia.
La noticia ha sentado también como un jarro de agua fría en la cotización de Sacyr, que ha cerrado con caídas en el entorno del 2%. Durante la operación se ha detenido a dos responsables de Gespol, así como más de medio centenar de detenidos. Entre ellos se encuentran dirigentes y regidores del PP, PSOE y Ciudadanos en ayuntamientos de distintas provincias españolas.
El origen de Aplicaciones Gespol
La sociedad que adquirió Sacyr fue fundada en marzo de 2016 por Bilbomatica, S.A. Una sociedad vasca que, tal y como explica en su memoria de ese año, segregó a la nueva compañía una parte de su negocio. “La actividad segregada consiste en todos los bienes, derechos y obligaciones afectos a la actividad de prestación de servicios de mecanización informática y consultoría de Cuerpos de Seguridad, desarrollando soluciones informáticas y tecnologías integradas para éstos, incluyendo la prestación de servicios a Entidades Locales y otras Administraciones Públicas (Gespol Security System)”.
Una decisión que se adoptó el 28 de junio de 2016 y sólo cuatro meses después, en octubre, se produce a la venta a Sacyr. Por tanto, será clave en la investigación comprobar cuándo se produjeron los hechos que, según EFE, se circunscriben a los años 2012 y 2013, que sería la época en la que se produjo la manipulación de los contratos para hacerlos a la medida de la sociedad.
Bilbomatica, S.A. es una consultora informática que, en su página web, reconoce trabajar fundamentalmente para las administraciones públicas. Desde la CNMC pasando por la Guardia Civil, a la Junta de Extremadura, el Gobierno de Navarra o distintos ministerios como el de Educación o el de Energía.
En el último ejercicio disponible de Bilbomatica, el 2016, obtuvo un beneficio de 68.000 euros, mientras que el año anterior lograba algo más de un millón de euros. Su volumen de facturación supera los 25 millones de euros. Fue constituida en 1988 en Bilbao, y sus accionistas actuales son Victor Malpartida y Walter Matheus Elorza, en donde ocupa también el puesto de director general.